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22 de mayo de 2020 | Interior

Tras constantes postergaciones

Con 39 votos a favor y 8 en contra, Tucumán finalmente aprobó la ley Micaela

Luego de un intenso debate de más de cuatro horas, caracterizado por la vehemencia de las intervenciones, la Legislatura de Tucumán aprobó la adhesión a la ley Micaela. 

HORACIO DELGUY

por:
Alberto Lettieri

El debate se dio en el marco de una numerosa movilización organizada por distintas agrupaciones y movimientos que promueven la igualdad de género y el establecimiento de garantías frente a los femicidios y la violencia de género que exigían su inmediata aprobación, luego de las reiteradas dilaciones que venía sufriendo su tratamiento. 

La pandemia no detuvo a las militantes sociales, que expresaron su repudio no sólo respecto de las provocaciones de las fuerzas políticas más reaccionarias de la provincia, sino también de la velada complicidad de varios sectores del oficialismo y que contribuyeron a que la provincia fuera la última en sumarse a la ley nacional sancionada en 2018.

La ley fue aprobada con 39 votos a favor y 8 en contra, mientras que se conocía la información sobre dos nuevos femicidios en la provincia, que ya suma 9 durante este año. 

El debate sobre la adhesión a la ley Micaela en la Legislatura sacó a la luz los componentes más reaccionarios y discriminatorios sobre los derechos de las mujeres que anidan en la sociedad tucumana. 

La discusión ha permitido comprobar, una vez más, que la mayoría de las fuerzas políticas provinciales están marcadas a fuego por la misoginia, diferenciándose únicamente por el énfasis de sus posicionamientos en la negación de la igualdad de género. 

Las posturas más reaccionarias, naturalmente, corresponden a las agrupaciones políticas que se articulan en torno a Ricardo Bussi -hijo del genocida Antonio Domingo Bussi-, quien afirmó desconocer la existencia de casos de mujeres asesinadas “por el hecho de ser mujer”. El legislador llegó al extremo de negar la existencia de femicidios en la provincia, a pesar de que él mismo registra varias denuncias en el INADI vinculadas a la cuestión de género. 

Es muy llamativa la falta de conocimiento del hijo del ex dictador, ya que Tucumán es​ la segunda provincia del país con mayor tasa de femicidios (5,31 cada millón de habitantes), después de la de Jujuy, con el agraviante porcentaje de 7,78 femicidios cada millón de habitantes.

Pero Ricardo Bussi no es el único en adoptar posiciones contrarias a la aprobación de la ley. El propio oficialismo del Frente de Todos ha sido partícipe necesario para la constante postergación del trámite legislativo que finalmente acaba de alcanzar su aprobación. 

La ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del estado (Nro. 27499) o ley Micaela -en referencia a Micaela García, víctima de femicidio en 2017 en Gualeguay, Entre Ríos-, fue aprobada por el Congreso Nacional en 2018 y ya había sido ratificada en casi todas las provincias, a excepción de la de Tucumán.

Sin embargo, la ley de adhesión que se aprobó no refleja los contenidos del proyecto original, que  fijaba como autoridad de aplicación a la secretaría de la Mujer, sino otro que establece que esa responsabilidad recaerá en las cabezas de cada poder del estado.

El problema que se plantea en Tucumán es que, por ejemplo, en el caso de la propia Legislatura provincial, el encargado de su aplicación es el vicegobernador Osvaldo Jaldo, un militante caracterizado del sector autodenominado “pro-vida”. Sólo unos días atrás, en el marco de una reunión religiosa, Jaldo explicitó su oposición a la ley, acusándola de promover una supuesta “ideología de género”.

El vicegobernador tucumano ha mantenido un consecuente rechazo a la ampliación de derechos de las mujeres y los colectivos LGBT+, y no se ha esforzado para nada en ocultarlo. 

El peso de los sectores ultra conservadores en Tucumán es tal que varios derechos consagrados por la legislación no son respetados en la práctica. El año pasado fue declarada como “Provincia pro-vida” y, poco después, el ministerio de Salud Pública obligó a continuar su embarazo a una niña de  once años que había sido violada por la pareja de su abuela, a pesar de que la familia de la menor había solicitado la aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

 Lo mismo sucede, por ejemplo, en Santiago del Estero, donde en coincidencia con la visita del presidente Alberto Fernández se conoció una situación similar que sufre una niña de doce años, a la que se le niega la aplicación de la ILE porque en esa provincia no se aplica el protocolo previsto para los casos de abortos permitidos por la ley. Tucumán y Santiago del Estero no son las únicas en las que las mujeres son sancionadas por su condición de tales. 

Ayer Tucumán aprobó su adhesión a la ley Micaela. Resta esperar cómo será su implementación efectiva. Y los augurios no son demasiado auspiciosos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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