Universitarias
22 de junio de 2020 | Judiciales
Lawfare
El fiscal general de Lomas de Zamora vincula a Conte Grand y su entorno en el caso de las escuchas
Enrique Ferrari lo denunció ante el juez federal a cargo del juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional, Federico Villena, que lleva adelante la causa por espionaje donde estarían involucrados agentes de inteligencia, el procurador de la Corte Suprema bonaerense, Julio Conte Grand, y los fiscales Sebastián Scalera y Pablo Rossi.
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por:
Mónica Galván
Ferrari elevó la nota y aclaró sobre las varias denuncias presentadas ante el titular de la Corte, como “coautores o partícipes de la necesaria aquiescencia para la configuración de las maniobras y resultados a mi entender delictuosos” a la que consideró de “gravedad institucional”.
El caso de las escuchas durante el gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, para espiar a funcionarios, empresarios, sindicatos y periodistas recorre las páginas del mundo. Se habla de causas tendenciosamente armadas, abuso de testigos protegidos y de arrepentidos y factores de presión.
En la nota, el jefe de fiscales lomense le informa a Villena que Sebastián Scalera (fiscal General Adjunto) y sus secretarios habrían utilizado la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la fiscalía General de Lomas de Zamora -donde se recibían a funcionarios de la AFI, de Inteligencia y del ministerio de Seguridad de la Nación- para iniciar “investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios (doctrina de ‘lawfare’), entre otros, en donde han participado funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera cuanto menos irregular, en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora, tales los doctores Carzoglio y Vitale”.
Esas irregularidades, que terminaron en denuncias (nueve en total), llevaron a Ferrari a disolver la unidad y distribuir la investigación entre el equipo de fiscales, hecho que no le habría caído bien a Conte Grand y su entorno.
El camionero, Pablo Moyano, se presentó en tribunales de Lomas de Zamora a declarar como querellante en la causa de espionaje. Estaba en la lista de los espiados. Cuando estalló el escándalo fue precisamente el juez de Garantías de la unidad de Lomas de Zamora, Luis Carzoglio, quien relató públicamente que lo habían ido a ver el jefe de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, y el de Finanzas, Fernando Di Pasquale. “El presidente (Macri) está obsesionado con Pablo Moyano”, le dijeron en su oficina. Los titulares del organismo admitieron ante la comisión bicameral del Congreso Nacional haber enviado a sus agentes; los intermediarios fueron del ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora, tal cual lo había manifestado Carzoglio.
La nota de seis páginas que Ferrari dejó en el despacho de Villena confirma: “Tras la resolución que lo apartaba del cargo, en diciembre pasado, Carzoglio reveló los nombres de los agentes que lo presionaron para que detuviera a Pablo Moyano. Se trata de Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale, agentes de la AFI, ligados al ex presidente de Boca Juniors (Daniel Angelici), y de Fernando ‘El Chino’ Cornes, del área de Inteligencia del ministerio de Seguridad, vinculado con Gerardo Millman, funcionario de primera línea de esa cartera y dirigente del GEN en Avellaneda”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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