Alberto, con los tapones de punta contra la Corte Suprema

El conflicto entre el poder ejecutivo y el poder judicial -el único poder vitalicio, cuyos miembros no proceden de la decisión popular- que, en teoría, debería salvaguardar la vigencia plena del texto constitucional, aunque en la práctica las cosas parecen ser muy distintas, alcanzó un punto de ebullición que registra escasos antecedentes. Deberíamos retroceder a los años del peronismo clásico, cuando la Corte Suprema fue objeto de un juicio político.

La intervención de Alberto vino a reforzar las expresiones de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien emitió, días atrás, una declaración pública en la que denunciaba las irregularidades de la Justicia, promotora –a su juicio- del lawfare que significó una verdadera caza de brujas sobre los funcionarios de la década kirchnerista. Ahora el presidente no le sacó el pecho a las balas, y afirmó que la Corte "se maneja con una discrecionalidad que no puede tolerarse".

En una entrevista radiofónica, Alberto Fernández remarcó la gravedad de la situación actual. "Uno se encuentra que un día la Corte abre un per saltum, que le permite a la Corte apropiarse de cualquier causa previa e investigarla. Lo hace cuando ve situaciones de 'gravedad institucional'".

A continuación el presidente denunció la ratificación sin opinión que la Corte realizó sobre el caso de Amado Boudou, decisión que vino a sumarse al “favor” que le hizo el máximo tribunal a los jueces trasladados a dedo por Macri, en abierta contradicción con la legislación vigente. "Hay 'gravedad institucional' cuando trasladan a tres jueces pero la 'sana discreción' le dice 'no intervengas' cuando condenan a cinco años de prisión a un ex vicepresidente de la República".

Alberto aclaró que no expresaba un juicio personal sobre “culpabilidad o inocencia" de Amado Boudou, sino que claramente había una preocupante gravedad institucional en la contradicción entre esa decisión con la adoptada con los tres jueces macristas. "La sana discreción debería decirte lo mismo" para el caso del ex vicepresidente.

Dos días antes, Cristina había afirmado en una carta pública que "esas cosas demuestran que en la Corte Suprema la apertura de los recursos tienen un nivel de discrecionalidad pasmosa, y eso debe ser regulado".

El presidente argentino aclaró que "yo marco estas cosas, no para entrar en una disputa con la Corte, lo marco para que el ciudadano común entienda de lo que estoy hablando".

"Cuando uno llega a fin de año descubre que la Corte intervino en 20 mil casos, pero sentencias saca menos de 100 y con mucho tiempo de demora”, se despachó Alberto, subrayando la escasa operatividad y voluntad de trabajo que caracteriza al tribunal supremo de la Argentina, a juzgar por las estadísticas. 

Como es habitual, las expresiones del presidente motivaron la respuesta inmediata del “círculo rojo”, aliado de la Corte. El Foro de Convergencia Empresarial salió a defender al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y a otro peso pesado del tribunal, Ricardo Lorenzetti, afirmando que el respeto de la Justicia "es la base de la convivencia civilizada" y constituye un "requisito indispensable" que garantiza la institucionalidad.

"La plena vigencia de la República se garantiza cuando se asegura la división de poderes, la libertad de prensa, y un poder judicial independiente", lo cual no sería el caso de nuestro país a juicio de las máximas autoridades políticas de la república. 

"En efecto, el poder judicial es un pilar fundamental del régimen republicano y cumple un rol central como garante de los derechos establecidos en nuestra constitución nacional”, afirmó el foro de empresarios vinculados al "Círculo Rojo".

Las acciones de la Corte Suprema, en abierta provocación al gobierno nacional, las respuestas del presidente y la vice, y la defensa a rajatabla del poder más cuestionado de la Argentina según todas las encuestas disponibles que hizo el “Círculo Rojo” plantean una situación de gravísima perturbación institucional y política. 

Habrá que esperar las próximas movidas de los actores involucrados para evaluar la evolución del conflicto. Por ahora, el oficialismo no cuenta con los votos legislativos indispensables para promover un juicio a la Corte Suprema. 

¿Los tendrá después de las legislativas del mes de octubre de 2021?. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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