Una causa en la que declararon inocente a Julio De Vido ahora complica a Gustavo Barrera

A raíz de una denuncia por “defraudación contra la administración pública y estafa” perpetuada por la ex diputada nacional Margarita Stolbizer, el juzgado criminal y correccional Nro. 2 de Comodoro Py decidió declarar inocentes tanto al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, como al ex asesor de la secretaría de Obras Públicas de la Nación, Andrés Aner. Si bien la resolución data del año pasado, ahora se desprendió otra investigación que compromete al intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, y varios de sus viejos funcionarios municipales.

El suceso en particular es del 2014 en el marco del plan nacional “Más cerca”, cuyo programa permitía a los municipios trabajar coordinadamente con la provincia de Buenos Aires mediante el ministerio de Infraestructura de la Nación para concretar obras públicas esenciales en las localidades que lo requerían. De este modo, el proyecto de “ampliación y repotenciación del sistema eléctrico” en el partido de Villa Gesell fue una de las obras en cuestión, aunque está bajo lupa por posible delito de corrupción.

La denuncia penal que radica en la UFI Nro. 4 de Dolores fue impulsada por el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Crédito y Vivienda y otros servicios públicos de Villa Gesell (CEVIGE LTDA.), Juan Carlos Konderak, cuya parte fue una de las involucradas en el proceso de licitación para mejorar la red eléctrica geselina. Aunque en un primer momento el Concejo Deliberante local designó a su cooperativa como la adjudicada, el intendente Barrera estableció la rescisión del vínculo con CEVIGE LTDA a través de un decreto.

Para dicha determinación, el jefe comunal adujo “irregularidades en el cumplimiento del contrato y presuntos sobreprecios”, amparándose en que CEVIGE LTDA “tercerizó” sus tareas encomendadas a la empresa Proyectos y Decisiones SRL, cuyo apoderado Juan José Tomasello, quien fue sindicado como presunto socio de Aner en la sociedad Ionizar SA y por lo que desde la cooperativa de Villa Gesell “buscaron redirigir” la contratación a una empresa relacionada con un ex funcionario del ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Mientras tanto, Konderak aclaró en el expediente judicial que contrataron una empresa “altamente calificada” para realizar tareas complementarias en “tiempo y forma”. Por otro lado, precisó que Tomasello realizó declaraciones en el canal 2 Villa Gesell Televisión Comunitaria en las que habló de una “extraña charla” en su domicilio con el intendente Barrera y su ex director de Asuntos Jurídicos, Marcelo Martinó, por las que los funcionarios municipales quedaron sospechados de “rumores de corrupción”.

Finalmente, en una tercera convocatoria por licitación pública, resultó adjudicataria la firma UTE Fontana Nicastro SAC, a quien la municipalidad giró como anticipo de obra 38.683.004 pesos y, sobre este proceso, Stolbizer indicó irregularidades como la falta de rendición de cuentas y que no habían empezado con los trabajos de obra que contaba con un presupuesto final de 214.497.778,30 pesos y una duración aproximada de doce meses. Cabe resaltar que en la contratación directa con CEVIGE LTDA se había establecido 96.389.828,36­ pesos de gastos en una primera etapa del proyecto.

En esta línea, Konderak apuntó contra Barrera por no respetar el “principio de paralelismo o simetría de las formas” para materializar la extinción del contrato aprobado por ordenanza, cuyo fin afirmó que fue adjudicarle la obra a una “empresa con fines de lucro” en referencia a UTE Fontana Nicastro SAC. Sobre la firma ganadora, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Villa Gesell señaló que al momento de presentarse al proceso de licitación “no tenía” constituida regularmente la mencionada unión transitoria de empresas y “contaba con antecedentes” de presunta emisión de facturas apócrifas investigadas por la AFIP.

Además del intendente geselino, Konderak denunció penalmente al secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Gesell, Gerardo Galli; al secretario de Hacienda, Gustavo Ciriaco; al mencionado Martinó; al jefe de Gabinete, Cristian Angelini; y a la ex secretaria de Obras y Servicios Públicos, Martha Pérez Schneider. Todos bajo la supuesta comisión de delitos de acción pública de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios, administración infiel en perjuicio de la administración pública, presunta tentativa de cohecho, falsedad ideológica de instrumento público y asociación ilícita. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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