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14 de mayo de 2021 | Interior

Tucumán

Denuncian a cónsul argentino por fraguar un diagnóstico de sífilis para contraer matrimonio

Se trata del tucumano Patricio González Urueña Palacio, quien se desempeña como jefe de sección consular y cultural en la embajada de Argentina en Austria. A fines del 2013 se casó a pesar que dos días antes, según los estudios médicos prenupciales, le encontraron la enfermedad de transmisión sexual contagiosa. Sus vínculos con el poder.

El caso se conoció recién el año pasado, en febrero, mediante una presentación judicial de dos tucumanos -en la Legislatura provincial- donde solicitaron el juicio político a la jueza de Paz, la doctora Sara Edith Aron, encargada de casar al actual cónsul argentino Patricio González Urueña Palacio. Sin embargo, la causa fue desestimada aunque permanece vigente, y es así que sus impulsores esperan que se dé curso a su denuncia.

Yendo a los hechos concretos, el 20 de diciembre del 2013 se efectuó el casamiento del jefe de sección consular y cultural en la embajada de Argentina en Austria, cuando un informe del Sistema Provincial de Salud de Tucumán (SIPROSA ), fechado el 18 de diciembre de aquel año, da cuenta que el contrayente tenía sífilis. Vale aclarar que esta enfermedad de transmisión sexual (ETS) es un impedimento para contraer matrimonio, y es por ello que, previamente, se deben presentar los estudios médicos prenupciales que certifiquen la ausencia de este tipo de infecciones.

No obstante, los planes de la boda ya estaban en marcha y muchos de los invitados estaban vinculados al poder judicial de Tucumán: jueces, fiscales y abogados. Ante este escenario y para evitar que se conozca su enfermedad sexual, lo que en provincias como Tucumán y sobre todo en las clases pudientes significa casi una humillación pública, Urueña Palacio no habría tenido mejor idea que fraguar el informe médico para, de este modo, llevar a cabo su casamiento.

Si bien podría haber contraído nupcias una vez curado de la ETS, habría decidido violar la normativa a través de sus vínculos de poder, incluso ante el desconocimiento de su propia esposa que por aquel entonces estaba embarazada. Parte responsable de esta maniobra habría sido ni más ni menos que su madre: la doctora Estela del Valle Palacio, apoderada legal del gremio de la construcción UOCRA Tucumán. Ella y sus contactos habrían ayudado a que se tape el informe preliminar, con la falsedad de la firma del bioquímico y la letra del estudio que presentaron para reemplazar al original.

Un detalle no menor es que la letrada posee mucha influencia en los medios de comunicación de la provincia, y por caso cabe señalar la incidencia que tuvo en la derogación de la ordenanza 4242/10 donde se regulaban las autorizaciones para comenzar una obra privada que, al quedar sin efecto, permitió que se construyeran edificios sin documentación fehaciente que demuestre la legalidad de las empresas constructoras y que los trabajadores estén obligatoriamente registrados. Estas negligencias repercutieron en las muertes de operarios informales del rubro, tal como informó en abril pasado este medio.

Otra de las patas importantes para esquivar el estudio elaborado por médicos del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS ) de la ciudad de Alderetes, habría sido la denunciada Sara Edith Aron, quien habría resultado encubridora al tener pleno conocimiento de los verdaderos hechos. Mientras tanto, la presentación judicial permanece stand by y prevalece la impunidad de estos sectores poderosos en Tucumán, en medio de la modificación de todos los integrantes (doce) de la comisión de juicios políticos de la Legislatura provincial dada la disputa entre el gobernador Juan Manzur, que insiste con reformar la constitución para ser elegido por un tercer mandato en el 2023. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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