Por apropiarse de un edificio, demandan al inmobiliario Roberto Mariani por casi 60 millones de pesos

A sus 26 años, Mayra Ailén Lazzaro quedó implicada en varias acusaciones judiciales en su contra. Tras confiarle un poder a un tal Juan Gabriel Arguello Miño, según señaló en el expediente, este hizo abuso de sus facultades en el inmueble de la joven. En la propiedad ubicada en calle 529 entre 25 y 26 de Tolosa, Miño tenía la potestad para construir catorce unidades funcionales y “transmitir el dominio de las once catorceavas partes indivisas de dicho bien a favor de sí mismo, sus sucesores universales, individuales o cesionarios o en favor de quien mejor estime convenir”, entre otras.

Sin embargo, el apuntado tenía nuevos planes.

Lazzaro afirmó que Miño “vendió a varias personas departamentos a construir en el inmueble que resultaba de mi propiedad, designando con toda precisión sus características, pactando su precio y forma de pago”. Además, la obligó a entregar las unidades funcionales terminadas “pocos meses después de la firma del boleto”. Luego de este contrato engañoso, la propietaria comenzó a recibir numerosas cartas documento y cédulas con motivo de diversos procesos en su contra.

“Así es que comencé a recibir notificaciones de demandas civiles (citaciones a mediación) y notificación de formación de causas penales en denuncias que los adquirentes me habían formulado por el delito de estafa”, indicó Lazzaro. En este escenario, donde podía ir presa por estafa simple –según le confiaron sus abogados- sus padres, desesperados, empezaron a buscar asesoramiento legal en la materia. Allí fue que el experimentado empresario inmobiliario Roberto Carlos Mariani, dueño del estudio Yacoub junto a su esposa, ofreció sus servicios.

“Les dijo a mis padres que podía solucionar todos los problemas legales que tenía, exigiendo a cambio de ello que se le transmitiera el inmueble en el estado en el que se encontraba, haciéndose cargo él de la finalización de la obra”, relató Lazzaro y agregó: “A cambio de ello me entregaría una unidad funcional”. Así fue que el 18 de julio del 2019 concretaron el contrato de compraventa y permuta, y Miño renunció a construir el edificio. “La dramática situación familiar que hacía que los propios vínculos entre mis padres se vieran afectados, hizo que mi padre me aconsejara suscribir el acuerdo”, expresó la joven.

No obstante, Mariani no cumplió nada de lo pactado. De esta forma, lo evidenció Lazzaro en una carta documento dirigida al empresario inmobiliario, en diciembre pasado: “Existió de su parte un notorio aprovechamiento de mi inexperiencia y estado de necesidad, en virtud de la multiplicidad de denuncias penales y reclamos civiles que se estaban promoviendo en mi contra, los cuales posteriormente con debido asesoramiento letrado constaté que eran infundados por basarse en un exceso del mandato que no producía efecto alguno a mi respecto”.

“Dicha situación generó en su favor un desproporcionado beneficio, al obtener el dominio de la casi totalidad de un edificio de catorce unidades funcionales construido en un 70 por ciento, habiéndose hecho constar falazmente en el acuerdo que se resuelve que tal inmueble estaba finalizado en un 35 por ciento a cambio de una unidad funcional”, continuó Lazzaro. Y añadió: “La contraprestación a su cargo resulta ser de objeto ilícito, por cuanto asumió hacerse cargo de reclamos judiciales o extrajudiciales con motivo de las acciones promovidas en mi contra (…), cuando ello requiere que quien asume tal servicio posea título de abogado, lo cual no se verifica en su caso, sin haber individualizado a profesional alguno en el contrato”.  

No solo habría mentido Mariani con su título en ciencias jurídicas, sino que, como era de esperar, no resolvió las clausulas legales de Lazzaro en el plazo estipulado. Por otra parte, el inmobiliario incluyó negligentemente a su pareja: “Habiendo asumido la obligación personal de concluir un edificio, utilizó un poder especial que le había sido otorgado para comercializar unidades funcionales una vez sometido el inmueble al régimen de propiedad horizontal, para transmitir el dominio de la totalidad del inmueble a una sociedad de la que usted y su esposa son socios y la cual no era parte del convenio”, aclaró la denunciante.

Más allá de lo expuesto, Mariani todavía no se presentó a la Justicia. “Hecho demostrativo del incumplimiento anteriormente señalado es que no concurrió a ninguna de las audiencias de mediación previa obligatoria a las que fue debidamente citado (…) ante el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 20 del departamento judicial La Plata”, remarcó la querellante.

En concreto, son 57.448.000 pesos los que reclama Lazzaro al empresario y solicitó la nulidad del contrato entre ambos, subsidiariamente por resolución y por indemnización de daños y perjuicios. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

SI TE GUSTA
LO QUE
HACEMOS

Ayudanos a seguir haciendo
periodismo con la mayor
independencia y objetividad
posible.

COLABORÁ A PARTIR DE $500

COMENTÁ / VER COMENTARIOS