Polémica por despidos arbitrarios y autodesignaciones en la Legislatura de Salta

A través de la revocatoria de empleos de planta permanente, lo que representa despidos arbitrarios al no justificarse los argumentos para tal decisión, las propias autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprovecharon estas vacantes para autodesignarse en diferentes puestos legislativos donde perciben sueldos de máxima categoría. Posteriormente, son los mismos funcionarios quienes se otorgaron licencias y nombran a sus reemplazantes que ofician de prestanombres sin pesar la idoneidad correspondiente para los cargos en cuestión.

Estos hechos prometen ser un escándalo a punto de estallar, aunque los medios locales permanecen silenciados por la pauta oficial. Vale aclarar que si bien el manejo discrecional de los cargos de la planta política y los fondos para sostener este esquema es una potestad que le pertenece a las autoridades parlamentarias, en esta oportunidad existen elementos que aportan una obscena cuota de impunidad con los decretos adjuntados, más las resoluciones que surgieron como instrumentos legales desde la propia cámara baja en plena pandemia, “cuando no había sesiones y con la totalidad del personal exceptuado de prestar servicios”, declararon a REALPOLITIK fuentes locales.

Igualmente, los decretos surgieron sin respetar ninguno de los procedimientos legales vigentes para la emisión de los actos administrativos y trasvasaron cargos políticos a cargos en planta permanente del más alto nivel y con sueldos que superan los 250 mil pesos mensuales. Esta historia de corrupción nació concretamente el 14 de enero de 2020, cuando Diputados dispuso la revocatoria de 24 cargos de agentes administrativos, algunos de los cuales venían desempeñándose desde hacía 27 años y fueron promocionados a planta antes de culminar. Entre ellos se destaca el mandato de Santiago Godoy como presidente del cuerpo, quien desarrolló sus actividades en la cámara baja por más de veinte años.

Todos esos cargos se llevaban a cabo en sectores de servicios permanente dentro del recinto y, a pesar de sus cesantías, optaron por no iniciar acciones legales contra el estado provincial por “el temor a perder los contratos basura y los agrupamientos políticos con los que pretendieron compensarlos”, indicaron fuentes cercanas. Posterior a las cesantías, aparecieron los decretos 089 y 090 del 24/06/20, que son los instrumentos que terminan por completar la maniobra ejecutada por las autoridades. Así, se crea la jefatura y la subjefatura de la Asesoría Legislativa, más el sector de asesoría Jurídica establecido por el decreto 088.

Las designaciones de estos nuevos cargos recayeron en el abogado y actual secretario legislativo de la cámara, Raúl Romeo Medina, el prosecretario Legislativo, Pedro Mellado, y el actual secretario Administrativo, Gastón Galíndez. Por su parte, los decretos también incluyen nombres de personas vinculadas familiar o laboralmente a otras altas autoridades de Diputados, como el jefe de sector Unidad de Sindicatura Interna (USI), Pablo Pfister Frías, y el jefe de archivo, Marcelo Villagrán. Cabe destacar que estas cinco personas se autodesignaron en plantas permanentes, en sectores ya existentes de jefaturas titulares y en otras creadas a fin de ser ocupadas por estas personas.

A su vez, estas jefaturas son en carácter de titulares y no interinas como es de rigor en la Cámara; luego, al ser planta permanente o jefes de sector con la categoría 10 (la máxima en la Legislatura), proceden a auto solicitarse licencia extraordinaria debido a que todos cumplen funciones políticas.

Pero la treta fraudulenta no termina allí, sino que luego ellos mismos nombran a sus reemplazos para estos cargos. Tampoco sus sucesores reúnen las condiciones necesarias para desarrollar estas tareas, básicamente constituirían algo así como “ñoquis VIP” a los que no se los conoce en los pasillos del palacio legislativo, ni cumplen otras funciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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