El CECIM le pide a Kicillof vetar una ley que beneficia a militares condenados: “Es inadmisible”

Se trata del expediente D-629/22–23 que el Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley y que los ex combatientes consideran “inadmisible”. Al respecto, el secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, adelantó: “Ya hicimos una presentación formal al gobernador Axel Kicillof”.

“El pasado jueves, en la última sesión que se produjo en el Senado de la provincia de Buenos Aires se trató un expediente que intenta crear un beneficio de jubilación para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que en estos momentos están trabajando en la provincia de Buenos Aires. Lo que estamos planteando es que esto generaría un reconocimiento y un manto de impunidad porque se va a beneficiar a personas que están denunciadas por graves violaciones a los derechos humanos”, comentó Alonso.

La causa 1777/07 está caratulada como “Pedro Valentín Pierre y otros sobre imposición de tormentos”, y se inició a partir de la denuncia del Darío Gleriano, ex combatiente estaqueado por Pedro Valentín Pierre en las inmediaciones de Puerto Argentino. “Pedro Valentín Pierre se encuentra trabajando en la provincia de Buenos Aires, en la dirección General de Escuelas, y lamentablemente, por la lentitud de la justicia, esta persona ni siquiera fue llevada a indagatoria. Pierre fue denunciado en el año 2005 por Darío Gleriano, un ex combatiente, soldado conscripto de Mar del Plata, que fue estaqueado, atado de pies y manos en la zona de Puerto Argentino, entre tanques de combustibles, bajo fuego enemigo”.

“Es inadmisible que la provincia de Buenos Aires a cuarenta años de Malvinas quiera con esta ley imponernos la impunidad. Malvinas sucedió en el contexto de dictadura militar, a Malvinas también llevaron el terrorismo de estado, y vamos a encontrar a cientos de militares que han sido condenados o se encuentran bajo proceso de las distintas causas que investiga la justicia”, expuso.

Y continuó: “Lamentablemente, con la causa que iniciamos en el 2007, sobre las torturas en Malvinas, tenemos esta situación de parálisis, donde tuvimos que recurrir en el año 2015 a la instancia internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando a la propia República Argentina por falta de acceso a la justicia. Es decir, tuvimos que ir a Washington a buscar justicia porque acá en la Argentina no la estamos encontrando”.

Alonso, también señaló que en el año 2000, el CECIM consiguió, a través de la dirección de Escuelas, “lograr que cada diez auxiliares, uno debía ser cubierto por un ex combatiente”: 

“Logramos revertir toda una situación de discriminación que hubo con nosotros cuando volvimos de Malvinas, que no conseguíamos laburo. Con esa posibilidad, logramos que casi 2.700 compañeros en toda la provincia de Buenos Aires tengan un trabajo”, destacó.

Ante esta cuestión, planteó: “Observamos que también se empezaron a incorporar a ex militares a trabajar en la provincia. Detectamos que gente que había terminado su carrera militar, que se había jubilado, estaban cobrando un salario de la provincia de Buenos Aires. Este sector lo que pretende es tener una doble jubilación, es una ley obscenamente de privilegio. Esto le va a causar un agujero negro a la provincia, porque hacemos una estimacion de unos 2 mil casos que generarían más de 4200 millones de pesos anuales, equivalente a 110 mil pensiones mínimas”, precisó.

“Hay dos puntos que observamos. Primero la impunidad, y segundo la contraprestación que no existe en ninguna ley previsional de la República Argentina; yo no me puedo jubilar por el IPS y por el ANSES. El 95 por ciento de los que hoy están trabajando en la provincia de Buenos Aires tienen ese beneficio y nadie lo controló”, detalló. 

La normativa sancionada por el Senado bonaerense, asegura Alonso, fue aprobada entre “gallos y medianoches”. “Nunca fue tratada en alguna comisión especial, ni en Diputados ni en el Senado. Nos sacaron de la cancha para que nosotros no podamos pedir, como corresponde, una reunión con los miembros de esa comisión. Esto se trató sobre tablas, se aprobó en el recinto, motorizada por muchos dirigentes políticos que son presionados en los distritos, como es el caso de Martín Insaurralde en Lomas de Zamora o el caso de la vicegobernadora Verónica Magario de La Matanza”.

“Hay una empatía a tratar cualquier cosa que diga Malvinas, pero a veces se cometen grandísimos errores”, remarcó Alonso, quien además agregó: “A nosotros hace cuarenta años que nos duele la tortura, entonces, no puede haber un reconocimiento de la provincia para este sector, no somos lo mismo”. 

“Desde el año 1976 al 1983, durante toda la dictadura militar, la provincia y los municipios estuvieron intervenidos por los militares, cobrando salarios municipales y provinciales, teniendo aportes en el IPS. A muchos de ellos les tocó ir a Malvinas, y muchos de ellos continuaron trabajando en la provincia o en los municipios”, manifestó.

Y cerró con un dato preocupante: “El IPS está pagando alrededor de 4.500 pensiones a militares y a nosotros 3.500. Que alguien explique de dónde salieron tantos militares en la provincia de Buenos Aires, sabiendo que la provincia tuvo el 50 por ciento del padrón de los ex combatientes y entendiendo que la composición de las Fuerzas Armadas de esa época era 70 por ciento colimbas y 30 por ciento cuadros”.

Por último, cerró: “Esto es una pérdida de tiempo para todos, una pérdida de recursos, y nosotros no tenemos que estar controlando, son los organismos de control de la provincia de Buenos Aires los que tienen que hacerlo. No podemos ser ninguneados por los diputados y senadores de la provincia, eso no nos gustó para nada”. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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