La decisión del gobierno de no acatar el fallo de la Corte fortaleció la unidad de Juntos

Elisa Carrió fue una de las abanderadas, que anunció que junto a la Coalición Cívica denunciarán al presidente Alberto Fernández y al resto de mandatarios provinciales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

El comunicado emitido por la coalición opositora resalta: “Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Y destaca: “No se puede elegir si la constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo”.

“Poner en tela de juicio la constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”, concluye.
La sentencia que dio a conocer la Corte Suprema de Justicia el miércoles pasado, que convalidó la demanda del gobierno porteño dictando una cautelar para que el gobierno nacional comience a girar fondos coparticipables que habían sido recortados en 2020 por una decisión unilateral del poder ejecutivo, fue caratulada por el presidente y catorce gobernadores peronistas como “incongruente y de imposible cumplimiento", al tiempo que decidieron recusar  a los jueces.

Para Juntos por el Cambio, “el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del gobierno nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones. No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la república y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”.

La ex diputada “Lilita” Carrió anunció inmediatamente que junto a la Coalición Cívica denunciarán al presidente de la Nación y al resto de mandatarios provinciales por incumplimiento de deberes de funcionario público. La ex diputada y ex funcionaria del Pro, Laura Alonso, propuso realizar una “denuncia penal” contra todo el gobierno y un pedido de “inhabilitación perpetua”.

Para Carrió, “el comunicado del poder ejecutivo significa simple y claramente una desobediencia judicial a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Implica desobediencia de los deberes de funcionario público. Instruí a la CC para que hagan la denuncia correspondiente. La verdad es que era previsible. Si el gobierno ahora choca, va a perder”, pronosticó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue inusualmente duro en sus expresiones públicas sobre los riesgos institucionales que entraña el desconocimiento del fallo de la Corte, y publicó en su cuenta de Twitter que “el Kirchnerismo quiere quebrar el orden constitucional y violar por completo el estado de derecho”.

Y adjuntó un flyer con una definición aún más contundente, en el que se denuncia que “el kirchnerismo quiere anular uno de los tres poderes del estado. No vamos a permitir que se lleven puesta la república”, asegura.

En un durísimo comunicado titulado “Las decisiones judiciales deben ser acatadas”, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advierte que “en vez de acatar la decisión y ver de qué modo ejecutarla, el presidente de la Nación, junto con un grupo de gobernadores provinciales anunció que recusará a sus miembros y deducirá un recurso para intentar modificar la sentencia”.

Y descalifica esa decisión alegando que “el planteo recusatorio es tardío e improcedente. Existen decenas de precedentes en los que se han rechazado maniobras semejantes. Lo mismo corresponde decir del recurso que se anuncia deducirán”.

Y sentencia: “Como regla general, las sentencias de la Corte Suprema son inapelables, inmodificables a menos que excepcionalmente se haya incurrido en algún error material. Aquí no se invoca un error material. En su lugar se afirma que la sentencia detrae fondos de las provincias, lo cual es falso y que es un fallo ‘partidario’, retórica que se desentiende del equilibrado razonamiento empleado en la sentencia. De hecho, estamos ante una decisión que defiende el llamado federalismo de concertación de manera ejemplar. Por último, se sostiene que estaríamos ante un fallo sin precedentes, cuando basta leer la sentencia para identificar casos anteriores que la Corte ha considerado semejantes en aspectos sustanciales”.

Tras la consagración deportiva en Qatar, la Argentina experimenta una gravísima crisis institucional. Un conflicto de poderes de enorme magnitud, que conmueve los fundamentos institucionales de la república cuando falta poco para cumplirse los cuarenta años de su restitución y cuya resolución -tal como están las cosas- no dejará de resultar traumática. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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