La falta de un amplio acuerdo nacional para revertir el caos de una Argentina sin rumbo

Si bien la deuda heredada del gobierno de Cambiemos, tanto internacional como nacional -e incrementada únicamente en este último caso por el gobierno de Alberto Fernández- podría significar una traba, la magnitud de los negocios que podrían realizarse no debería significar un problema irresoluble ni mucho menos.

El verdadero problema pasa por otro lado: la incapacidad de buena parte de la dirigencia política para privilegiar el interés común por encima de grietas y ambiciones propias, y la voracidad de las grandes corporaciones, que nunca obtuvieron tantos beneficios como en los tres años de este gobierno, sacando partido de las condiciones excepcionales que proveyó la pandemia y el contexto geopolítico presente. A esto debe sumarse una Justicia sin pretensión alguna de transparencia, que está muy lejos de garantizar la vigencia de las normas vigentes. Este combo desanima al más pintado a la hora de invertir en nuestro país. 

Los anuncios de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, alertando sobre la posible discontinuidad del reconocimiento de las herramientas financieras a las que debió recurrir el gobierno actual, luego de que la experiencia macrista nos cerrara los mercados internacionales, es la comprobación más contundente de la falta de toda empatía con el bien común de parte de la coalición opositora.

Con tal de acelerar la debacle del gobierno actual para tratar de garantizar su propia victoria electoral, no repara en alentar una catástrofe económica y financiera inédita que, paradójicamente, debería heredar en caso de tener éxito. En estos términos, imaginar alguna recuperación –e, incluso, un amesetamiento de nuestra economía- resulta imposible.

Lo más llamativo es que, luego de proferir semejante amenaza –a contramano de la opinión de la propia comisión técnica asesora de Juntos por el Cambio, compuesta por economistas de todas las fuerzas que integran la coalición- los principales referentes salieron a denunciar la “pesada herencia” que les tocará administrar. No sólo llama la atención la apropiación del concepto. También que esa herencia sería aún mucho más pesada en caso de que la estrategia conspirativa que impulsan tuviera éxito.

Del lado del oficialismo las cosas no están mejor. El presidente y la vice sólo tienen en común su respaldo al ministro de Economía, Sergio Massa, el responsable principal de que este gobierno continúe durante todo el plazo establecido. Desde el caso Vicentín hasta el proyecto de enjuiciamiento a la Corte Suprema, el cristinismo se convirtió en el principal condicionante para la gobernabilidad, argumentando el incumplimiento de presuntos acuerdos sellados al momento de decidir la candidatura presidencial de Alberto Fernández.

Los hechos están demasiado frescos como para detenerse en enumerarlos, y los compromisos sellados sólo son conocidos por los protagonistas. Aquí basta con consignar su incidencia en el desgaste de la autoridad presidencial y las dificultades para implementar políticas de estado coherentes que pudieran sostenerse en el tiempo. ¿Se está aún a tiempo de limar asperezas y profundizar la unidad para tratar de aspirar a una victoria en las elecciones de este año? El tiempo lo dirá. 

Lo cierto es que, a la fecha, tanto el oficialismo como la oposición son terrenos minados, en los que el afán por imponer las ambiciones personales impide cualquier posibilidad de construir algún proyecto coherente para la recuperación argentina. Sin experiencia previa significativa en las prácticas de un sistema político que funciona en base a coaliciones, el loteo institucional –tanto en el caso del oficialismo como de la oposición- sólo auspicia la parálisis administrativa y constantes disputas al interior de la propia alianza, mucho más duras incluso que las que se sostienen con quienes, teóricamente, se ubican del otro lado de la grieta.

Este panorama desalentador no permite abrigar mayor optimismo respecto del rumbo que tomará el país después del 10 de diciembre. En caso de mantenerse la actual estructura de coaliciones electorales sin un programa previamente acordado, el próximo gobierno –más allá de su sello- tendrá escasas posibilidades de desarrollar una acción coordinada y coherente en razón al loteo que necesariamente deberá realizar para alcanzar la primera magistratura.

Por más que la sociedad emita claras señales de condena hacia una política que parece expresar un hiato con la sociedad civil, y que una porción considerable de argentinos haya optado por dirigir su mirada hacia otras alternativas cuya característica es la condena de la política y su negación a la capacidad de transformación y gestión que esta supone, una eventual –aunque escasamente probable- victoria del anarco-libertarismo sólo profundizaría los problemas actuales, al carecer de coherencia interna, y resultar únicamente instrumental para la crítica, pero no para la gestión. 

¿Tomará conciencia la dirigencia argentina de la necesidad de celebrar alguna clase de amplio acuerdo nacional para revertir el caos que hoy impera en nuestra política y así poder aprovechar las fabulosas oportunidades que se presentan para nuestro país, definiendo un programa común a mediano y largo plazo? ¿O, por el contrario, deberemos resignarnos a que la declinación permanente siga marcando nuestro rumbo, al compás del ritmo que marca una grieta que nos viene resultando demasiado gravosa?. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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