La crisis del estado de bienestar

La descomposición del estado de bienestar puede ser explicada desde dos perspectivas. La primera de ellas hace hincapié en los recursos económicos y las frondosas erogaciones resultantes de los gastos sociales, destinados a cubrir las necesidades del sector trabajador, así como los subsidios al capital necesarios para generar un circuito virtuoso de inversión.

De acuerdo con esta teoría, el desmantelamiento del estado bienestarista se encuentra vinculado con la crisis fiscal del estado. Desde esta lectura, la crisis radica en la imposibilidad mantener la tasa de ganancias de los empresarios para solventar una pesada carga tributaria que garantice la continua elevación de los gastos sociales destinados a seguridad social, educación, salud, previsión social, generando una caída de la recaudación fiscal.

Ante la imposibilidad de incrementar los ingresos públicos por vías “genuinas”, los estados bienestaristas iniciaron una política indiscriminada de emisión monetaria, ampliando la oferta monetaria en el mercado doméstico y disparando las tasas inflacionarias.

La reacción estatal fue entonces apelar al déficit público, lo cual determinó que el proceso finalizara con una total insolvencia del estado, en lo que se dio en llamar Crisis Fiscal del estado. Desprovisto de recursos económicos, la deslegitimación del régimen de acumulación del Estado de Bienestar era un destino inevitable. 

La segunda perspectiva considera que la relativa integración social de los individuos determinó una fortaleza del sector trabajo desconocida hasta ese momento, generando una crisis de dominación del sistema capitalista. Entendida desde este punto de vista, el recurso del estado que entra en crisis no sería entonces el económico sino el ideológico.

Esta visión reconoce que la organización institucional del estado de bienestar generó una capacidad de organización sindical que, a fines de la década del sesenta y principios del 70, impulsaron huelgas de extraordinaria magnitud poniendo en peligro el propio régimen de acumulación. Siguiente este análisis, resultaba urgente apelar a nuevas formas de organización en las fábricas, que permitiera la flexibilización de los trabajadores y su polivalencia en las funciones y actividades que desempeñaban. 

El diagnostico empresarial consideraba que las políticas de pleno empleo habían generado una seguridad laboral que obstaculizaba la emergencia del talento y el esfuerzo individual; se había desincentivado a los trabajadores en su capacidad creativa y el trabajo bajo relaciones personales de copresencia había motivado las tomas de fábricas, huelgas, controlando prácticamente todos los flujos de producción.

Por eso, no sólo era necesario regresar a un mecanismo automático de oferta y demanda de trabajo, ampliando el desempleo para favorecer la competencia entre trabajadores, sino que había que recrear prácticas competitivas entre los mismos empleados, capacitándolos para todas las tareas, terminando con la fijación de tareas, separando físicamente a los trabajadores, y diluyendo la confrontación capital- trabajo por un espíritu emprendedor donde el trabajador tuviera la ilusión de ser “parte de la empresa”.

Esas prácticas, claro está, no se condecían con la forma organizacional industrial fordista. Cualquiera fuera la teoría adoptada para la explicación histórica, lo cierto es que el estado viene sufriendo un proceso de desmantelamiento constante, que ha reducido su sólido edificio a escombros. Imposibilitado de proveer al bienestar general ha terminado reducido a una caricatura asistencialista que le retrotrajeron a intentar cumplir las funciones estatales precedentes como  ordenador de la sociedad, sin mayores posibilidades de cumplir, siquiera, este mínimo objetivo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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