El orden internacional tras la caída del Muro de Berlin

Existe una discusión teórica sobre si el mundo que emerge luego de la destrucción del socialismo como modelo alternativo es un universo unipolar o multipolar. Ciertas corrientes esgrimen que la preponderancia del capital sobre los Estados-nación imprime una globalización que brinda autonomía a las relaciones económicas divorciándose de los controles políticos; en este sentido se afirma que el proceso de globalización ha provocado la decadencia de la soberanía política. Ciertamente, la soberanía política de los Estados-nación no puede controlar como otrora los flujos del capital y muchos de ellos, los más débiles, deben someterse a sus designios, en forma más que humillante. Por el contrario, otras teorías expresan que estaríamos frente a un mundo multipolar ya que aún subsiste una jerarquía económica de naciones que disputan la hegemonía con Estados Unidos.

De acuerdo con esta perspectiva, éste detentaría aún el poderío militar pero no así el económico. En efecto, naciones como China o Japón, o regiones integradas como la Unión Europea, se encuentran en una supremacía económica y tecnológica que dejaría en poco tiempo a Estados Unidos en una prelación más subordinada. Lo cierto es que todos coinciden en que vivimos un tiempo de transición donde las viejas estructuras no han muerto todavía y el nuevo orden no acaba de nacer. Pero en este tránsito, los mecanismos de dominio que se observan muestran una nueva dominación encarnada por los organismos internacionales, compuestos por una cerrada elite tecnocrática y política que, en definitiva, son los representantes institucionales del capital que termina imponiendo el orden mundial a través de la sumisión. Estos círculos económicos y políticos tienen un lugar específico de localización, particularmente una ciudad: Washington. Las estrategias que despliegan estos organismos no apelan a la coerción física, salvo en casos muy extremos, sino a la aceptación pasiva de los ciudadanos del mundo a una exclusiva lógica de funcionamiento. Tal como se afirmó reiteradamente, este sistema emerge como consecuencia del Consenso de Washington, encargado de evaluar la evolución del orden económico mundial y de corregir los errores de los Estados cuando éstos se separan de los objetivos necesarios para la acumulación de capital.

¿Pero cómo operan estos organismos? Existe para todos los integrantes de este planeta un pensamiento único que debe ser adoptado indiscutiblemente como propio por los Estados-nación. Se trata de un programa económico que agiliza la acumulación de capital por parte de los grandes conglomerados financieros, y que se resume en lo que ya se definió como Consenso de Washington. Estos lineamientos afirman oficialmente que sus objetivos están abocados a conseguir la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico, el equilibrio fiscal y del sector público, junto a una “sana” política monetaria, entendiendo que esta última se lograría mediante la eliminación de prácticas “inflacionistas” de emisión de moneda.

Los países centrales, salvo el caso paradigmático de China, obedecen estas instrucciones sin demasiadas rectificaciones a la dinámica de la economía doméstica. Sin embargo, para la mayoría de los países emergentes y pobres, estas políticas implican la necesidad de endeudamiento externo que sólo puede ser concebido si aceptan, sin ningún tipo de objeciones, los programas macroeconómicos del FMI que les abre las puertas para la liberación de empréstitos por parte de los bancos regionales y del Banco Mundial.

Estos programas que nacieron en el período que transcurre entre la desintegración de la Unión Soviética y mediados de los 90, llamados en forma genérica con el nombre de Reforma del Estado, tuvieron como finalidad modificar estructuralmente la política tributaria, reducir el gasto público y el rol productor del Estado, a través de privatizaciones a gran escala; pero también la liberalización de los mercados financieros, la adopción de medidas para incrementar la independencia de los bancos centrales y el mejoramiento de la supervisión bancaria; asimismo propiciaron reducciones sustanciales en las barreras arancelarias –que en algunos casos se asimilaba a una mayor integración regional–, eliminaciones de controles de precios y salarios y desregulación de la actividad empresarial. Esta política fue reforzada por diversos servicios de crédito que se conocieron como Servicio Reforzado de Ajuste Estructural destinados a países en desarrollo y que centraron su atención en el gasto público y los desequilibrios fiscales, aunque nunca se dejó de lado los objetivos iniciales. Ante la inestabilidad financiera vivida a partir de la década del 90, los organismos han extendido líneas de crédito stand by (crédito contingente) con el objetivo de prevenir o contrarrestar los efectos de “contagio” ante las crisis financieras internacionales. En la misma línea, el FMI implementa el Servicio de Complementación de Reservas, para paliar cualquier pérdida de reservas internacionales debido a una crisis de confianza de los mercados. En el marco de una revisión de los Programas de Reforma del Estado y Ajuste Estructural a mediados de la década del 90, el FMI estableció, juntamente con el Banco Mundial, nuevas líneas de crédito destinados a los países más pobres, aun cuando la diferencia de los requerimientos entre uno y otro raramente es perceptible.

Como ejemplo ilustrativo puede mencionarse que, en los últimos años, se impusieron los recortes de sueldos, del 13 y del 12 por ciento, a los empleados públicos de la Argentina y Bolivia. En la Argentina esto desató, a fines de 2001, una crisis política inédita, mientras que en Bolivia produjo una crisis social de magnitud. El primero de estos países se cataloga como país emergente capaz de hacer frente a los compromisos con las entidades supranacionales, el segundo se encuadra, en los programas destinados a la “Lucha contra la pobreza” y la “Iniciativa para los países pobres muy endeudados”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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