Ajustazo: Según informe, los grandes perdedores son los trabajadores, los jubilados y las pymes

Un análisis detallado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ilustra con contundencia sobre las consecuencias de las decisiones adoptadas, a quiénes afectaron y quiénes son sus principales beneficiarios. El informe destaca, además, las complejidades y los desafíos económicos que surgen de las recientes decisiones políticas y cómo estas impactan directamente en la dinámica inflacionaria del país, y cuáles son los escenarios posibles que se abren ante las nuevas políticas de estado.

Entre las medidas clave anunciadas por Luis “Toto” Caputo se destacaron la no renovación de contratos laborales en el sector público con menos de un año de vigencia, la suspensión de la pauta del estado nacional en los medios de comunicación y la reducción de ministerios y secretarías. También la marcha atrás en el impuesto a la cuarta categoría de ganancias, que afectaría en principio a más de 1,5 millones de trabajadores, mientras que se incrementarán asignaciones como la AUH y la tarjeta Alimentar, así como la congelación de planes Potenciar Trabajo y recortes en subsidios a energía y transporte.

El informe del CEPA destaca que aproximadamente el 67 por ciento del ajuste propuesto recaería en trabajadores activos, pasivos y pequeñas y medianas empresas (pymes). Entre las medidas que afectarían a estos sectores se incluyen la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias, recortes en transferencias a provincias, suba de tarifas y transporte, congelamiento de planes Potenciar Trabajo y la posible pérdida de empleo en obras públicas.

A la inversa, los principales beneficiados serían los exportadores de soja y las empresas con insumos en dólares, beneficiados por la subida del tipo de cambio. Las economías regionales, en cambio, se verán perjudicadas, ya que si bien mejoran su valor exportador, se ven afectadas por retenciones del 15 por ciento. Lo mismo sucede con la industria exportadora se enfrentaría aumento en derechos de exportación (DEX) al 15 por ciento y los trabajadores serían los más afectados "dada la suba de costos por importación y fletes y caída de actividad económica".

La mega devaluación dispuesta por el gobierno de Javier Milei beneficia sustancialmente a aquellos sectores dolarizados previamente y que reciben flujo en dólares por su actividad económica. El blanqueo de capitales, según el proyecto de ley, se aplicará con tasas diferenciales del 0 por ciento para fondos en Argentina y el 5 por ciento para fondos en el exterior. La gestión anterior había enviado un proyecto que contemplaba alícuotas crecientes del 5 al 20 por ciento a medida que se demorara la declaración de bienes. La incertidumbre radica en si contempla el retorno de esos capitales o, como en el gobierno de Cambiemos, no incluirá ese requisito.

En relación a Bienes Personales, el informe señala que se propone reducir la alícuota por año desde 1,5 por ciento hasta llegar al quinto año a 0,8 por ciento. Se podrá pagar cinco años anticipados con la alícuota más baja y después no se presenta declaración jurada. Cuanto mayor sea la cantidad de años anticipados, menor será la alícuota. Esta propuesta es similar a la realizada por el gobierno de Cambiemos, conjuntamente con el blanqueo aprobado en 2016, a los efectos de incentivar la declaración. Aunque el Congreso frenó su reducción total, se fijó entonces una alícuota mínima de 0,25 por ciento.

También se prevé un potencial levantamiento del cepo y dolarización de personas físicas y jurídicas con mayor poder adquisitivo. Durante el periodo 2016-19, la formación de activos externos ascendió a 84.000 millones de dólares.

Con respecto a la liberalización del comercio exterior, queda aún sin responder la pregunta de si se eliminarán las licencias no automáticas, lo que podría significar una apertura importadora que podría afectar la producción local y favorecer a importadores e intermediarios.

Respecto de la deuda de los empresarios importadores, se dispuso que el BCRA ofrezca un bono en dólares para importadores de bienes y servicios que podrán suscribir en pesos, voluntariamente, hasta el valor del stock de su deuda comercial externa. Estos bonos serán pagaderos en dólares al vencimiento que se conocerá al momento de su oferta, pero podrán extenderse hasta 2027 y rendirían un 5 por ciento anual, con opción de rescate anticipado en pesos al tipo de cambio oficial. A diferencia de otros instrumentos de cobertura, este instrumento es pagadero en dólares. En la práctica, una estatización de la deuda pública similar a la que implementó Domingo F. Cavallo en 1983, en el epílogo de la dictadura cívico-militar.

Los grandes perdedores, según el CEPA, son los trabajadores, los jubilados y las pymes. La devaluación, combinada con el aumento de los derechos de exportación y del impuesto PAIS, no solo está generando cambios en los valores del comercio exterior, sino que también está acelerando el ritmo inflacionario. Según el informe, se trata de una devaluación del orden del 120 por ciento,  que implica un encarecimiento significativo de los costos de insumos importados, especialmente en bienes intermedios para la producción industrial, que representan casi el 40 por ciento del total de importaciones. Se suma a esto un 21 por ciento destinado a piezas y accesorios para bienes de capital. Hay que recalcar que el aumento del Impuesto PAIS, del 7,5 al 17,5 por ciento, se suma al costo de la devaluación. El tipo de cambio para importar insumos alcanza los 940 pesos, generando un incremento total del tipo de cambio del 140 por ciento.

Estas medidas han llevado a la actualización de las listas de precios tanto antes como después de la devaluación, impactando directamente en el consumidor y en la cadena de producción y a pesar de las críticas a las regulaciones estatales por no funcionar, la ortodoxia económica estima que hay una inflación "reprimida" del 40 al 60 por ciento. Tras la victoria de Milei en el balotaje se desencadenó un aumento significativo de precios al presumir la eliminación de controles y regulaciones, que se potenció durante la primera semana del nuevo gobierno.

La argumentación de que los precios no aumentarían porque "ya están a los dólares paralelos" se cuestiona en base a la realidad. Considerando las variaciones desde el inicio de 2023, los precios de alimentos a noviembre equiparan los precios de CCL al mismo mes, lo cual permite plantear la justificación de los nuevos aumentos de precios, en la medida en que los dólares paralelos se mantienen estables.

El informe del CEPA permite ilustrar la orientación de las políticas del gobierno de Javier Milei y cuáles son los intereses concentrados que las inspiran. Más allá de las dudas ciertas sobre las consecuencias sociales y su impacto sobre la gobernabilidad, se trata de decisiones que afectan directamente a la base electoral de La Libertad Avanza y JxC, al descargar golpes letales sobre las clases medias, mientras que asignaciones y planes sociales son los únicos que han recibido alguna clase de recomposición. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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