Javier Milei continúa nombrando funcionarios procesados de Alberto Fernández en su gobierno

Días atrás, el presidente Javier Milei dio un paso en falso en su plan motosierra, nombrando a Karina Trangoni Fouine como auditora de la gestión del ex presidente Alberto Fernández. Al menos en los papeles, el rol de Trangoni será el de investigar el escándalo de las pólizas de seguros, que habría incluido un desfalco de 600 millones de pesos.

La elección de Milei llamó la atención. No son pocos los que recuerdan que Trangoni Fouine es la presidente del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE) en la provincia de Chaco. Casualmente, el referente de dicho partido no es otro que el ex presidente Alberto Fernández. Cuesta creer que Trangoni sea imparcial a la hora de investigar los supuestos delitos de su propio referente político. Aún se desconoce si la decisión de Javier Milei fue producto de un error o de una omisión, dado que desde la presidencia no se han pronunciado al respecto.

No es este, sin embargo, el único caso en el que el gobierno libertario decidió volcarse a ex funcionarios y referentes de Alberto Fernández para ocupar cargos de relevancia. REALPOLITIK supo que Alberto Baduán, también militante del ex presidente de Unión por la Patria y titular del partido ParTE, asumió como director de Recursos Humanos en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El dato preocupante de Baduán, sin embargo, no es su vinculación con el ex presidente Alberto Fernández, sino su situación judicial. Baduán fue procesado y condenado en el 2023 por un hecho ocurrido cuando oficiaba de director General de Administración (DGA) del ya desaparecido Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). Este caso, contrarian los dichos del propio Milei, quien en la apertura de sesiones ordinarias aseguró que en su gestión no habría funcionarios con causas judiciales ni sentencias desfavorables.

En efecto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 resolvió, el 7 de septiembre de 2022, condenar a Baduán a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Un año después, en septiembre de 2023, la cámara federal de Casación Penal mantuvo el fallo de primera instancia, rechazando el recurso interpuesto por la defensa de Alberto Baduán. De esta manera, el ex funcionario del gobierno kirchnerista fue condenado en primera y segunda instancia.

Si bien Baduán presentó, dos meses después, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, letrados especializados en la materia anticiparon que no esperan que el mismo prospere. De este modo, la sentencia quedaría firme.

El delito en cuestión giró en torno a contrataciones que Baduán llevó adelante para la refacción de instalaciones del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), organismo que estaba bajo el ala de Sebastián Peiretti, otro funcionario kirchnerista que fue separado de la gestión tras el escándalo.

Tras ser condenado en primera y segunda instancia por delitos graves e inhabilitado para ejercer cargos públicos, se esperaba que Alberto Baduán presente su inmediata renuncia o, al menos, que solicite una licencia hasta que se defina su situación procesal. No obstante, Baduán se mantuvo en su cargo.

Recientemente, redobló la apuesta yendo en busca de viejos compañeros de aventuras para repatriarlos al ENACOM. Uno de los primeros que volvió al ruedo fue, casualmente, Sebastián Peiretti, junto con su ladera histórica Mariela Arboleda y otro, el doctor Diego Requejo, que oficia de asesor estrella de Baduán y que casualmente es cuñado del diputado camporista Miguel Funes.

Para la motosierra, evidentemente, habrá que seguir esperando. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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