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La pobreza se acerca al 60 por ciento y la indigencia al 18. Las ventas en supermercados y farmacias se desplomaron. El hambre y el abandono se han instalado en una economía que produce alimentos para 400 millones de personas, pero para el gobierno no es motivo de alarma. Más aún, el presidente anunció 50.000 nuevos despidos en el estado.
No sólo se han reducido la planta estatal a punto tal que las rutas se están destruyendo, los ferrocarriles sólo por voluntad divina no han protagonizado una catástrofe irreparable. A toda costa el gobierno quiere agradar a sus mandantes, liberando el precio de las prepagas, aumentando las tarifas del transporte público, incrementando nuevamente los combustibles y los servicios, y endeudándose de manera irresponsable. No son las únicas áreas en las que la destrucción del estado y la eliminación de políticas públicas se evidencian. Durante los seis meses del gobierno de Milei se registra un femicidio cada 35 horas, en consonancia con la reiteración de los discursos misóginos y el aliento a la violencia que cotidianamente realizan las autoridades y los referentes de LLA.
Durante la gestión Milei, el presupuesto para políticas de reducción de la violencia y la desigualdad de género fue recortado un 33 por ciento, que se suma al 24 por ciento de ajuste presupuestario nacional total, lo que causó un tremendo impacto en las instituciones que protegen a mujeres en situación de violencia y la significativa suba en la tasa de femicidios.
En la temática de la violencia de género y femicidios, la intervención del estado es determinante. La asistencia ante una denuncia, el apoyo económico para salir de la casa del agresor, y el acompañamiento integral, son cuestiones clave para prevenir femicidios. Un dato a tener en cuenta: el 59 por ciento de las víctimas contabilizadas en las estadísticas fueron asesinadas en sus casas.
La institucionalización de las políticas de género en nuestro país viene desarrollándose desde hace tres décadas, a través de consejos provinciales, subsecretarías, secretarías y direcciones. La creación del primer ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional permitió la implementación de 315 áreas de género y en cinco provincias el área adquirió jerarquía similar.
Pero todo cambió con Milei. En los últimos seis meses –desde la asunción del actual gobierno- tuvo lugar una reducción considerable de la estructura de estos organismos, producto de decisiones político-ideológicas y de la brutal reducción presupuestaria. Una de las primeras medidas de Milei fue eliminar el ministerio de Mujeres, lo que trajo consigo un significativo achicamiento de las estructuras especializadas y de las funciones precedentes. En reemplazo se creó la subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. Y ya los argentinos tenemos bien en claro qué sucede cuando algo cae en la órbita de esta ministra.
El 24 de mayo, a través del Decreto 450/2024, Milei trasladó esa subsecretaría al Ministerio de Justicia, y designó a Claudia Barcia en ese cargo, en condición ad-honorem, según se informó. Pero en realidad la información fue engañosa una vez más: Barcia era fiscal en el ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomó licencia, solicitando un pase “en comisión”. ¿Ah honorem? Cierto que el ajuste iba a pagarlo la casta…
A puro ajuste, la degradación de las políticas de género motivó una reducción de los siete ministerios que existían a nivel nacional a sólo dos: el ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y el ministerio de las Mujeres y Diversidad de Neuquén.
Pero la cuestión es aún más grave, ya que esa subsecretaría continúa sin tener aprobada su estructura interna, a medio año de su creación, por lo que no cumple con las tareas que corresponden, como por ejemplo el diseño e implementación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias para el período 2024-2026 dispuesto por la ley nacional 26.485, ni la mayoría del resto de sus responsabilidades.
El Programa Acompañar, por ejemplo, que brinda apoyo para a las personas en situación de violencia para tengan una autonomía económica que les permita romper el ciclo de violencia, está casi cancelado, con una baja del 80 por ciento en su presupuesto de ejecución. En situación similar está la Línea 144, que debería prestar asesoramiento integral en forma telefónica.
Finalmente está el aliento filosófico y amoral a la violencia que promueven y avalan las autoridades nacionales y los referentes de LLA, que se ha traducido en un incremento exponencial de los femicidios durante la actual gestión.
Las víctimas tienen cada vez menos respaldo institucional y menos recursos para tratar de sobrellevar su agonía cotidiana. Mientras que Milei aplica licuadora y motosierra, el número de mujeres asesinadas no cesa de aumentar. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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