Mercedes: Una cinematográfica estafa piramidal alcanza a fiscales y a la Policía Bonaerense

El 8 de junio, Néstor De Gruttola cerró su histórico comercio de electrodomésticos ubicado en el centro de Mercedes y cruzó a la ferretería. Parecía un día más, algo de nubes, un poco de frío, pero ninguna noticia relevante sobrevolaba el cielo de la tranquila ciudad. Ya en la ferretería, Néstor compró un tramo de soga, la pagó y se marchó. Minutos después, se encerró en un galpón de su propiedad y se colgó.

Horas después, otro comerciante de Mercedes llamado Pablo Valdez es secuestrado por un improvisado grupo comando. Después de un tiempo relativamente corto, es liberado en el parque municipal. Inmediatamente, declaró haber sido secuestrado y robado por maleantes.

Los medios locales cubrieron ambas noticias sin saber que estaban entrelazadas. Sólo dos hechos curiosos en una ciudad en la que habitualmente no suceden estas cosas. Sin embargo, pronto se darían cuenta que ambas noticias estaban profundamente unidas por una cinematográfica trama. Un universo de comerciantes, estafadores, familiares de fiscales y oficiales de la Policía Bonaerense que conforma una mafia inimaginable.

De Gruttola, cuyo comercio venía de generaciones y hacía, al menos, cincuenta años que estaba en la ciudad, decidió años atrás y como alternativa a una crisis que reducía el consumo, otorgar financiamiento para la compra de sus electrodomésticos. Poco a poco, y casi sin quererlo, fue tomándole el gusto a las operaciones financieras, en las que encontró una rentabilidad que no podía obtener vendiendo licuadoras.

En poco tiempo, fue montando un esquema de préstamos, que terminó degenerando en una suerte de mesa de dinero y un esquema Ponzi que llegó a prometer hasta el 10 por ciento mensual en dólares para sus inversores. La rentabilidad era tan atractiva que pronto sumó más de 3 mil clientes, en su mayoría vecinos de la zona, que le dieron todos sus ahorros.

El negocio fue enorme. Hoy, las investigaciones lo estiman en unos 35 millones de dólares. El dinero era tanto, que pronto se involucraron en el entramado familiares de reconocidos fiscales y hasta oficiales de la Policía Bonaerense, quienes por una tajada del negocio oficiaban de custodios del dinero.

Pronto, los damnificados comenzaron a identificar a cada uno de los involucrados en la estafa. En cuestión de minutos, identificaron a Pablo Valdez, quien recientemente había sido “secuestrado”, como el encargado de “captar víctimas” de la estafa, además de cumplir las presuntas funciones de valijero y encargado del lavado de dinero.

Otro de los acusados, cuando comenzó la estafa, trabajaba de ordenanza limpiando los pisos de una fábrica. Poco tiempo después, protagonizaba enormes transacciones de dinero y ostentaba un tren de vida injustificable.

La denuncia llegó en tiempo récord a la fiscalía de turno, al tiempo que unos 650 damnificados se presentaron espontáneamente en la sucesión de De Gruttola. Sin embargo, los denunciantes aseguraron sólo días después que “la Justicia está dejando pasar el tiempo y no hace nada”.

La razón para esta actitud no tardó en encontrarse. Algunos de los involucrados golpeaban de cerca las puertas de la UFI. Uno de los acusados, de nombre Fernando Moner, es el cuñado del jefe de fiscales, Pablo Alejandro Merola. Otro es Sebastián Parodi, hermano de Matías Parodi, auxiliar letrado en la UFI Nro. 3. Los Parodi, además, son sobrinos de la viuda de De Gruttola. También está el caso de Javier Guevara, quien luego de la denuncia y del suicidio del comerciante, presentó su denuncia al cargo de secretario de Tierras que ostentaba en Mercedes.

Cómplice y desesperada, la fiscalía de Mercedes decidió negarles a las víctimas un derecho tan básico como el de ampliar la denunciar. Ellos buscaban detallar los vínculos entre Valdez y De Gruttola, pero la fiscalía parecía decididida a tejer un manto de sombras alrededor del caso.

La última denuncia alcanzó al ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las víctimas, el ministerio proveía oficiales de la Policía Bonaerense para custodiar el dinero que De Gruttola y sus secuaces se llevaban ilegalmente. Mientras tanto, los vecinos recurrieron a la Procuración bonaerense para denunciar a los fiscales de Mercedes. Una investigación privada demostró que acumulan, al menos, una docena de denuncias. Sin embargo, nadie hace nada. Indignados, las víctimas aseguraron: “Estamos yendo a la Justicia a denunciar a la propia Justicia. Sólo estamos logrando que se cubran entre ellos”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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