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Una batalla de décadas volvió a reflotar las tensiones.
En una disputa que se arrastra desde hace décadas, las provincias de Mendoza y La Pampa vuelven a enfrentarse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El conflicto gira en torno al caudal del río Atuel y los supuestos daños medioambientales que La Pampa afirma sufrir debido a la falta de un flujo de agua constante. Walther Marcolini (UCR), senador provincial y ex Intendente de General Alvear, ofrece una visión detallada y profunda sobre esta contienda histórica.
“La situación es compleja y tiene varias aristas”, explica Marcolini, refiriéndose a la historia del conflicto que comenzó en la década de 1980. El primer gran juicio culminó en diciembre de 1987, cuando la Corte Suprema falló que el río Atuel es interprovincial y otorgó a Mendoza el derecho a regar hasta 76,000 hectáreas. Sin embargo, las condiciones climáticas y la disminución del caudal han impedido alcanzar esa cantidad.
El conflicto se reavivó en 2014 cuando La Pampa presentó una nueva demanda basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que protege el medio ambiente. La Pampa sostiene que Mendoza, al regular el río, impide el flujo de agua necesario para mantener un caudal ecológico permanente en el noroeste pampeano. En 2020, la Corte Suprema falló a favor de La Pampa, ordenando a Mendoza entregar un caudal de 3.2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial.
Para Mendoza, cumplir con esta exigencia es un desafío monumental. Marcolini señala que se necesitaría un módulo de 7 metros cúbicos por segundo en la localidad de Carmensa debido a la infiltración y los meandros del río, algo que considera imposible sin obras de infraestructura significativas. Mendoza ha propuesto canalizar tramos del río y perforar pozos profundos, pero La Pampa se ha opuesto sistemáticamente a estas soluciones.
“El Estado Nacional, junto con ambas provincias, debería hacerse cargo de estas obras”, propone Marcolini, subrayando que la regulación inicial del río fue realizada por Agua y Energía de la Nación cuando La Pampa aún no era una provincia. Mendoza también ha ofrecido soluciones innovadoras, como una batería de perforaciones cercanas al límite interprovincial para extraer agua del acuífero, pero La Pampa ha mostrado resistencia.
Marcolini acusa a La Pampa de malicia en sus presentaciones ante la Corte, utilizando fotos que no corresponden a la cuenca del Atuel para confundir. A pesar de estas tensiones, Mendoza ha tomado medidas como la actualización del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) para intentar resolver la situación, aunque la respuesta de la Corte está aún pendiente.
Marcolini aboga por una solución política y subraya la importancia del rol mediador del Gobierno Nacional. “Es crucial que el Gobierno Nacional juegue un rol de mediador, con un conocimiento profundo de la realidad”, afirma. A pesar de la conflictividad, Marcolini destaca ejemplos de cooperación entre las provincias en situaciones de emergencia, como durante la pandemia.
El senador radical también sugiere revisar el convenio de 1976 sobre el río Colorado, que actualmente requiere unanimidad para tomar decisiones, algo que considera poco práctico. “Esto ha llevado a laudos presidenciales que interfieren con la política y retardan soluciones”. Según Marcolini, la política mezquina a veces prevalece sobre el interés común, y es necesario encontrar un canal de diálogo para evitar que la disputa continúe por décadas.
“Tenemos que visibilizar este tema y buscar una solución de fondo”, concluye Marcolini. “Si no, seguiremos discutiendo en la justicia sin avanzar absolutamente nada”. La batalla por el río Atuel no solo afecta a las dos provincias involucradas, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una gestión equitativa y sostenible de los recursos hídricos en todo el país. (WWW.REALPOLITIK.COM.AR)
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