Piden atención y justicia en Punilla

En un preocupante giro judicial, la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, ha elevado a juicio la causa contra seis defensores ambientales del Valle de Punilla, sin considerar testigos ni pruebas. Este caso es un ejemplo más de la creciente criminalización de la protesta social en Argentina, particularmente en relación con la defensa del medio ambiente.

La organización “Imputados de Punilla” ha revelado que en total, 18 personas han sido imputadas por su activismo ambiental, con siete enfrentando pedidos de elevación a juicio y seis ya en proceso de apelación. Una audiencia está programada para el 29 de julio en los tribunales de Villa Dolores.

Desde el inicio de la construcción de la Autovía de Punilla, los miembros de las asambleas ambientales han realizado numerosas acciones para alertar sobre los graves impactos ambientales y culturales de esta obra. Entre los imputados se encuentra Gabriela María del Mar Taborda Varela, una destacada militante ambientalista y comunicadora social, quien ha denunciado la reducción del monte nativo, la contaminación del río Yuspe y el secado de arroyos y vertientes.

Gabriela recuerda el año 2022, cuando varios defensores fueron detenidos y esposados en condiciones indignas. Las imputaciones surgieron tras una manifestación en Cosquín, en la que se solicitaba información al entonces intendente Gabriel Musso. La respuesta oficial fue una violenta represión policial, seguida de imputaciones y restricciones para los manifestantes.

La actual instancia de apelación busca evidenciar las irregularidades en el proceso llevado por la fiscal Kelm, quien desestimó pruebas y testimonios presentados por la defensa. "El juez puede revisar la causa y descubrir lo viciada que está, pues Kelm autorizó el juicio sin realizar las investigaciones correspondientes", afirmó Gabriela.

La Autovía de Punilla, parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), ha generado graves daños ambientales y culturales. Además de la destrucción del medio ambiente, esta obra ha borrado importantes sitios arqueológicos, perpetuando la negación de la presencia de pueblos originarios en la región.

La justicia, en este caso, actúa como brazo ejecutor de un Estado que facilita la implementación de proyectos extractivistas, reprimiendo a quienes se oponen. Frente a esta situación, se ha abierto una cuenta bancaria para recolectar fondos y apoyar a los imputados en sus gastos legales y de transporte.

La lucha de los defensores ambientales en Punilla es un llamado a la conciencia y a la acción, denunciando una justicia que parece más interesada en proteger intereses económicos que en garantizar un ambiente sano y justo para todos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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