Entre Ríos: Los docentes esperan respuestas con respecto al aumento salarial

En Entre Ríos, la historia de lucha y solidaridad entre los trabajadores ha sido una constante, ejemplificada por el apoyo mutuo entre docentes y otros sectores, incluidos los policías. En el pasado, un sargento de policía resumió esta camaradería al decir: "Nos mandan a seguirlos en las movilizaciones, pero apoyamos a ustedes, porque si ustedes consiguen mejores sueldos, es la única forma de que también suba nuestro sueldo." Esta cooperación, vital para el progreso de todos los trabajadores, ha sido una característica distintiva de la provincia.

Sin embargo, la llegada de un nuevo gobernador con orígenes porteños ha trastocado este equilibrio. El mandatario, aparentemente ajeno a la idiosincrasia local, ha implementado una política salarial que separa drásticamente los sueldos de policías y docentes, creando una fractura que amenaza con destruir el tejido social de Entre Ríos. El reciente decreto de salario establece una brecha alarmante: el salario mínimo de un agente de policía es de $678.000, mientras que el de una maestra se sitúa en $365.028. Esta disparidad, casi el doble entre un salario y otro, es un reflejo de una política que busca dividir en lugar de unir.

El impacto de esta política no solo se manifiesta en términos salariales, sino también en la forma en que se han deteriorado las relaciones entre los trabajadores. En tiempos anteriores, cuando los docentes pintaban paredones con sus reclamos, la respuesta de la policía solía ser amistosa; los agentes, en ocasiones compañeros, familiares o amigos, se acercaban a charlar y compartir un mate. Hoy, la situación ha cambiado drásticamente. La reciente intervención policial durante una manifestación de docentes fue marcada por una actitud confrontativa. En lugar de diálogo y apoyo, los docentes se encontraron con un despliegue de fuerza: cuatro patrulleros, dos motos y tres bicicletas, con un total de 14 policías presentes, se encargaron de identificar a los manifestantes y borrar las pintadas. Esta actitud revela un claro intento de separar y enfrentar a los trabajadores en lugar de apoyarlos.

La oferta salarial actual para los docentes, que incluye un sueldo genuino de $383.300 y un subsidio a la pobreza que lo eleva a $450.000 para los cargos iniciales, ha sido presentada como un aumento del 18%. Sin embargo, esta cifra es engañosa, ya que el subsidio se considera parte del sueldo mínimo y la proyección mensual asegura una disminución del salario debido a la inflación.

La medida del gobernador, junto con la gestión de la lucha docente, ha llevado a la especulación de que el gobierno podría recurrir al Poder Judicial para imponer una conciliación obligatoria, utilizando jueces cuyo salario es significativamente superior al de los docentes. Además, es probable que se continúe utilizando a las fuerzas de seguridad para sofocar las protestas, en un intento de desmantelar la unidad entre los trabajadores.

La creciente brecha salarial y el tratamiento hostil hacia los docentes por parte de la policía son indicadores preocupantes de una estrategia que busca debilitar los lazos de solidaridad en Entre Ríos. La esperanza es que la policía, que históricamente ha sido parte integral de la comunidad y ha trabajado codo a codo con docentes y otros trabajadores, se mantenga firme en su compromiso con la justicia y no se convierta en un instrumento de represión contra sus propios compañeros de provincia.

El desafío para los entrerrianos es grande: enfrentar una política que no solo afecta los salarios, sino que amenaza con fracturar la cohesión social que ha sido la base del progreso en la provincia. La unidad entre los trabajadores es más crucial que nunca para proteger los derechos y asegurar un futuro más equitativo para todos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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