
CABA
Roberto Silva, uno de los miembros del Tribunal, criticó la falta de debate y la supuesta injerencia en un ámbito que consideran ajeno a sus funciones.
El Tribunal Electoral de la región enfrenta un profundo malestar entre seis de sus siete integrantes debido a la firma de un convenio para la supervisión de elecciones en una cooperativa, que aseguran no fue discutido ni aprobado dentro del órgano. Roberto Silva, uno de los miembros del Tribunal, criticó la falta de debate y la supuesta injerencia en un ámbito que consideran ajeno a sus funciones.
Silva expresó que el Tribunal se enteró del convenio a través de los medios de comunicación y cuestionó la legalidad de su firma, argumentando que "no está dentro de nuestras facultades" intervenir en la vida interna de una empresa privada, a pesar de que esta maneja recursos públicos como energía, agua y cloacas. Según Silva, el rol del Tribunal se limita a velar por la transparencia en elecciones públicas y no debería extenderse a las internas de empresas privadas, como las cooperativas.
El miembro del Tribunal también mencionó que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el organismo adecuado para intervenir en elecciones de cooperativas, no el Tribunal Electoral. Criticó que el convenio firmado para la supervisión de elecciones en la cooperativa es un simple "copy-paste" del acuerdo hecho con la Universidad de la Patagonia para las elecciones municipales del año pasado, y que el Ejecutivo Municipal no debería haber intervenido.
Silva también hizo hincapié en el problema de la conformación del Tribunal Electoral, cuyas mandatos están vencidos desde hace tiempo. Según él, el bloque mayoritario del legislativo municipal aún no ha acordado una nueva integración del Tribunal, lo que ha llevado a una situación de estancamiento. Silva afirmó que el Ejecutivo Municipal ha actuado de manera desmedida al forzar un convenio que, a su juicio, no está respaldado por la carta orgánica del Tribunal.
En vista de la situación, Silva anunció que convocarán una reunión urgente para dejar constancia de la falta de consenso sobre la decisión y expresar su postura oficial. Añadió que, si se hubiera solicitado la opinión del Tribunal de manera formal, podrían haber tomado una decisión basada en un debate interno, pero ahora se enfrentan a una situación ya consumada.
El conflicto pone de relieve tensiones sobre el alcance de las funciones del Tribunal Electoral y su relación con otras entidades y el gobierno local, planteando interrogantes sobre la gestión y supervisión de procesos electorales en diferentes contextos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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