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El 30 de agosto de este año, se anunció la prohibición de la plataforma X en territorio brasileño, un hecho que recuerda al libro "1984" de George Orwell, donde un Gran Hermano o ente superior vigila cada paso que das, supuestamente por tu propio bien.
En este caso, el argumento oficial desde Brasil es que esta medida, adoptada por una de las instituciones más poderosas del estado, el Tribunal Supremo, encabezado por Alexandre de Moraes, busca frenar los discursos de odio y la desinformación en el país. Moraes, principal promotor de esta decisión, ha mantenido varios conflictos con Elon Musk debido a la negativa de este último de nombrar a un representante legal de su empresa en Brasil, donde X cuenta con más de 40 millones de usuarios.
Sin embargo, esta decisión ha convertido a Brasil en uno de los países con mayores restricciones en redes sociales. Desde la implementación de la ley de Fake News en 2020, formalmente llamada "ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en la Red", el país ha intensificado su control sobre la desinformación en redes sociales y servicios de mensajería, exigiendo que los usuarios verifiquen sus cuentas, entre otras acciones. Incluso antes de esta ley, se había ordenado la suspensión de WhatsApp en 2015 y 2016. La prohibición de X es una radicalización de este enfoque, en el que el estado, desde una posición ultra-intervencionista, pretende proteger a las personas limitando su acceso a la información.
Ahora bien, ¿qué elementos de análisis se pueden observar desde el punto de vista democrático y económico? El Tribunal Supremo defiende la medida argumentando que la falta de cooperación de X, al no nombrar un representante legal y no implementar mecanismos de control adecuados, representa una amenaza directa para la democracia brasileña. Sin embargo, esto resulta paradójico, ya que, según la medición anual del Instituto V-Dem de Suecia, Brasil ha experimentado una erosión en varios aspectos de su democracia, incluyendo la libertad de expresión y la igualdad política, reflejando un aumento en la violencia política y una pérdida de calidad en sus instituciones democráticas. A pesar de esto, el informe de este año también reconoce los esfuerzos de Brasil y, en contraste con otros países que han empeorado, se perciben señales de optimismo. El informe destaca que, a diferencia de muchas otras grandes democracias que han experimentado retrocesos significativos, Brasil ha logrado evitar una autocratización más profunda.
Además, la influencia de estas restricciones no se limita únicamente al ámbito democrático. Las consecuencias económicas de la prohibición de X son igualmente preocupantes y pueden tener una repercusión duradera en la economía brasileña. Las pequeñas y medianas empresas que utilizan esta red social masiva para promocionar sus productos, concretar pagos y comunicarse directamente con su audiencia, ahora enfrentan la posibilidad de una disminución en las ventas y la pérdida de oportunidades comerciales. Además, la publicidad en X, que ha sido un recurso valioso para las empresas, se verá afectada, ya que estas deberán buscar medios alternativos que no necesariamente serán más económicos. A nivel macroeconómico, esta medida podría afectar el clima de inversión en el país, especialmente en los sectores tecnológicos, al percibirse como un factor desincentivador.
Elon Musk ha mostrado una postura inflexible en la defensa de la libertad de expresión. Anunció en X que SpaceX, mediante Starlink, ofrecerá internet gratuito en Brasil hasta que el conflicto se solucione, destacando que, aunque no pueda recibir pagos, no desea cortar el servicio. Esto resalta la importancia que Musk asigna a la libertad de expresión frente a lo que considera un acto de censura. Además, ha criticado severamente a Moraes, calificándolo como un juez corrupto, lo que ha intensificado las tensiones en un tema que parece difícil de resolver.
En conclusión, el cierre de X en Brasil tiene consecuencias significativas, especialmente en el ámbito económico, ya que perjudica a los pequeños emprendedores en el vasto territorio brasileño. Además, crecen las dudas sobre la probidad de las instituciones, sus valores democráticos y sus verdaderas intenciones al limitar el derecho de los individuos a estar informados por los medios que elijan.
Esta medida se presenta como una arbitrariedad, utilizando las instituciones del estado para coaccionar a las personas en disputas que pueden considerarse poco relevantes para el ciudadano común. A medida que estas acciones avanzan, la credibilidad de las instituciones se ve cada vez más comprometida. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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