Río Negro: En Viedma piden un registro de estudios médicos para funcionarios

En una propuesta que ha generado gran debate, la concejal libertaria de Viedma, Ivi Silvina Franco, ha presentado un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante local que busca implementar un Registro de Estudios Médicos para funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo Municipal. El objetivo principal de esta medida es asegurar que los funcionarios estén "libres de drogas" y así garantizar su capacidad para desempeñar sus cargos con plena transparencia y aptitud.

El proyecto propone que todos los funcionarios del Ejecutivo municipal, incluidos el Intendente, Jefe de Gabinete, secretarios, subsecretarios, el Tribunal de Cuentas, y los funcionarios del Concejo Deliberante, desde el nivel de secretario hasta los concejales, se sometan a una serie de exámenes médicos anuales. Los estudios contemplados incluyen un examen psiquiátrico, una rinoscopia, análisis de orina y análisis de sangre. La autoridad de aplicación para estos exámenes sería el área municipal correspondiente, en coordinación con el ministerio de Salud de Río Negro.

El registro de resultados médicos, que se creará a partir de los exámenes, estará bajo la supervisión de la autoridad designada para evaluar la condición psicofísica de los funcionarios, garantizando el respeto a la privacidad de los mismos. En caso de detectarse problemas relacionados con adicciones, el proyecto prevé medidas de rehabilitación y la posibilidad de que el funcionario en cuestión sea apartado de su cargo hasta que cumpla con los requisitos necesarios para su desempeño.

En paralelo, el espacio libertario en General Roca ha lanzado una iniciativa similar. Aunque en Roca el proyecto aún no ha avanzado significativamente debido a la falta de representación de concejales libertarios, se han presentado firmas para impulsar la propuesta. Este proyecto en Roca incluye no solo rinoscopias regulares y al azar en todos los organismos y dependencias municipales, sino también la verificación de antecedentes penales para funcionarios y trabajadores.

Ambas propuestas destacan un enfoque en la transparencia y la capacidad psicofísica de los funcionarios públicos, aunque han generado controversia y debates sobre la privacidad y la viabilidad de su implementación. El seguimiento de estas iniciativas será crucial para entender su impacto en la gestión municipal y en la confianza pública hacia los funcionarios. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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