Andrés Gil Domínguez: “El veto de Milei es una crueldad obscena contra los jubilados”

Gil Domínguez comenzó explicando que, si bien el veto presidencial es una herramienta contemplada en la constitución nacional, su uso debe ser razonable y no puede afectar a los sectores más vulnerables. "El veto de Javier Milei es regresivo porque impide la aplicación de una ley que otorga mayores beneficios a los jubilados, en comparación con el régimen impuesto por el decreto de necesidad y urgencia", explicó.

El constitucionalista también refutó los argumentos del veto, destacando que "la Oficina de Presupuesto del Congreso desmiente que la ley impacte negativamente en las cuentas públicas, ya que proyecta un costo del 0,35 por ciento del PBI para 2024 y 0,50 por ciento para 2025. Además, la fórmula de movilidad propuesta es la misma utilizada por el propio gobierno, con ajustes en función del RIPTE, vinculado al crecimiento de los salarios y la economía".

Respecto a la acción judicial presentada, Gil Domínguez detalló que la demanda se inició en el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Esperamos que la justicia dicte sentencia rápidamente, ya que no hay necesidad de generar pruebas. Si la resolución es desfavorable, recurriremos a la Corte Suprema", señaló.

El abogado también expresó su preocupación por el impacto de este veto en los jubilados y criticó duramente la "crueldad obscena" de quienes celebran la medida, ya que "afectar los derechos de un grupo tan vulnerable como los jubilados por una diferencia de 15 mil pesos es incomprensible". Además, denunció que desde la llegada de Milei al poder, el sistema judicial ha adoptado una postura restrictiva frente a las demandas colectivas, lo que los obligó a representar únicamente a jubilados de manera individual.

Finalmente, Gil Domínguez explicó que, si la justicia falla a favor de la demanda, el presidente Milei estaría obligado a promulgar y aplicar la ley, aunque advirtió que el ejecutivo podría intentar emitir un nuevo decreto de necesidad y urgencia para evitar su implementación. "Esto traería un costo político importante", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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