Denuncian el regreso de las causas armadas en la Policía Bonaerense

En un alarmante caso que expone nuevamente las prácticas corruptas dentro de la Policía Bonarense, el 3 de agosto, minutos antes de la medianoche, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría tercera de La Plata protagonizó un hecho que revive los fantasmas de las "causas armadas".

Este incidente, que denuncia presuntos hechos de extorsión y abuso de autoridad, pone en el centro del debate la responsabilidad política del gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Leandro Magnone fue interceptado por agentes del GTO mientras circulaba por la avenida 60, a la altura de 164, en la localidad de Los Hornos. Según advierten los abogados Gisela Vidal y Guillermo Rodríguez, sin llevar a cabo ningún procedimiento legal, los oficiales lo retuvieron y lo trasladaron a la comisaría en su propio vehículo. Durante el trayecto, los efectivos le habrían repetido que su "situación era muy complicada", sugiriendo que, si quería evitar mayores problemas, deberían "llegar a un acuerdo". Este abuso de poder escaló rápidamente cuando los policías comenzaron a exigirle 5 millones de pesos en efectivo a cambio de su libertad, según consta en la denuncia.

Una vez en la comisaría, Magnone habría sido sometido a humillaciones y amenazas. Desnudo en la cocina de la dependencia, fue coaccionado e insultado por los mismos policías que lo habían secuestrado. Tras no lograr conseguir el dinero solicitado, los oficiales decidieron pasearlo por Los Hornos en un vehículo particular como una forma de intimidación hacia él y su familia, una clara advertencia de las consecuencias que enfrentaría si no cumplía con la demanda económica.

Finalmente, los efectivos, no conformes con la extorsión fallida, habrían decidido incriminar a Magnone en una causa de tenencia de estupefacientes para comercialización. Según la versión oficial, se le incautaron drogas y una balanza de precisión. Sin embargo, las pruebas recogidas por la defensa demuestran lo contrario. El procedimiento policial está plagado de inconsistencias: las declaraciones de los agentes involucrados presentan serias contradicciones, no se pudo localizar el vehículo policial en el lugar ni la hora del supuesto arresto, y las pruebas geolocalizadas de los teléfonos de los oficiales fueron misteriosamente eliminadas.

Este episodio refleja prácticas que, lejos de ser excepcionales, parecen haberse convertido en una constante dentro de la fuerza policial bonaerense bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso. La denuncia contra los efectivos de la comisaría tercera expone un sistema que utiliza su poder para extorsionar y criminalizar a ciudadanos vulnerables, una estrategia que recuerda los peores momentos de las "causas armadas" que prevalecieron en años anteriores.

Responsabilidad política y falta de control

Este caso reaviva las críticas hacia la gestión de Kicillof y su equipo de seguridad. Los reclamos de mayor control sobre las fuerzas policiales, sumado a la falta de transparencia en los procedimientos, colocan al gobernador y al ministro Alonso en el ojo de la tormenta. Los reiterados abusos y la incapacidad del gobierno provincial para depurar las malas prácticas dentro de la policía dejan en evidencia la fragilidad del sistema de seguridad bonaerense.

El escándalo policial no solo abre interrogantes sobre la efectividad del control político sobre las fuerzas de seguridad, sino que también plantea preguntas sobre hasta qué punto el gobierno de Kicillof está dispuesto a enfrentar este tipo de corrupción estructural, o si prefiere mirar hacia otro lado mientras estas prácticas continúan.

Mientras se investiga la nulidad del procedimiento y se analiza la posible complicidad de más miembros de la fuerza, el caso de Leandro Magnone es solo un reflejo de un problema mucho mayor: la penetración de la corrupción en las instituciones policiales. En una provincia marcada por altos niveles de inseguridad, el retorno de las "causas armadas" solo acentúa la crisis de confianza entre la población y sus fuerzas de seguridad. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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