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Según la Fiscalía, los acusados habrían despojado a la víctima de los lotes 103 y 104, interrumpiendo sus actividades forestales y ganaderas en la zona.
Este lunes comenzó el juicio oral y público contra seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— acusadas de usurpación por un hecho ocurrido el 18 de septiembre de 2021 en Cuesta del Ternero. Según la Fiscalía, los acusados habrían despojado a la víctima de los lotes 103 y 104, interrumpiendo sus actividades forestales y ganaderas en la zona.
El fiscal a cargo del caso relató que el grupo ingresó al predio, cortó árboles y colocó pancartas con consignas como "Lof Quemquemtrew" y "Rafa vive en la resistencia", además de exhibir una bandera mapuche. "Con este accionar, impidieron al denunciante disponer libremente del lote", enfatizó el fiscal, asegurando que se demostrará la materialidad del hecho y la autoría de los acusados bajo el delito de usurpación, conforme al artículo 181 del Código Penal.
La fiscal jefa destacó la similitud de este caso con el de la comunidad Buenuleo, que también está relacionado con usurpación de tierras. Subrayó la importancia de considerar el marco legal aplicable a las comunidades originarias tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia en 2022. "Debemos analizar el marco jurídico para verificar si existe atipicidad en estos casos", afirmó, señalando que la legislación sobre derechos territoriales indígenas podría influir en el desarrollo del juicio.
El abogado de la querella respaldó la postura de la Fiscalía, recordando que la víctima había ofrecido ceder 10 hectáreas como parte de un acuerdo que fue rechazado e incumplido por los acusados. Por su parte, la defensa argumentó que los conflictos relacionados con tierras no pueden resolverse a través del Código Penal, haciendo hincapié en la falta de legislación sobre propiedades comunitarias. "En este juicio se demostrará que no es usurpación, es otra cosa", sostuvo la abogada defensora.
El juicio está programado para extenderse hasta el jueves, con la declaración de numerosos testigos, incluidos el poseedor del terreno, vecinos de la zona, agentes policiales, y funcionarios provinciales como el jefe de la policía y el director de Tierras de Río Negro. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la interpretación de los derechos de propiedad y el tratamiento legal de las comunidades originarias en la región. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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