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Civetta, además de ser funcionario, está vinculado a la empresa contratista encargada del desarrollo del tren solar en la Quebrada de Humahuaca, proyecto que ha generado controversia desde su inicio.
Vecinos del barrio Radio Estación de Tilcara, incluidos seis emprendedores turísticos, enfrentan acusaciones de usurpación de terrenos y posibles desalojos. Entre los denunciantes se encuentra Pablo Civetta, presidente del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana del Gobierno provincial, quien se presenta como propietario de cinco de los terrenos en cuestión. Civetta, además de ser funcionario, está vinculado a la empresa contratista encargada del desarrollo del tren solar en la Quebrada de Humahuaca, proyecto que ha generado controversia desde su inicio.
La abogada que representa a los emprendedores turísticos, Alejandra Cejas, denunció irregularidades en el proceso. Según Cejas, Civetta no solo es el denunciante en estas causas, sino que también estuvo involucrado en la primera denuncia que resultó en el desalojo de otras familias de la zona para la construcción del tren solar y la nueva estación. En sus declaraciones, Cejas subrayó la aparente contradicción de que un funcionario provincial, vinculado a un proyecto estatal, se presente también como propietario privado de terrenos.
Durante una audiencia realizada este martes, la defensa de los acusados accedió al expediente judicial que detalla los terrenos supuestamente usurpados. Cejas expresó su asombro ante la situación, calificándola de "irregularidad increíble", dado que varios de los terrenos a nombre de Civetta en realidad pertenecen, según los registros escriturales y legales, a familias del barrio que los adquirieron de buena fe. La abogada destacó que no es la primera vez que se utiliza esta maniobra para despojar a ciudadanos de sus propiedades, vinculando estas acciones a intereses del Gobierno provincial.
Cejas denunció que en agosto de este año se registraron 13 casos similares de usurpación de terrenos, donde se utilizaron los mecanismos judiciales para ejecutar desalojos en beneficio de personas relacionadas con el Gobierno. En respuesta, la defensa planea acudir al fuero federal para solicitar una investigación del caso, argumentando que los terrenos pertenecen al Estado Nacional y fueron vendidos y cedidos legalmente. Según Cejas, el proceso en la justicia provincial está plagado de irregularidades, y acusó al Gobierno de estar actuando como "un estado mafioso", advirtiendo que llevarán el caso "con todo el peso de la ley".
Este conflicto evidencia las tensiones entre los intereses turísticos y de desarrollo en la región y los derechos de los residentes locales, que buscan proteger su patrimonio frente a lo que consideran un uso indebido del aparato estatal para el despojo de propiedades. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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