Axel Kicillof vuelve a licitar obras de pavimentación cuyos fondos desaparecieron con Daniel Scioli

A más de doce años del inicio de una serie de licitaciones fraudulentas en la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión del gobernador Daniel Scioli y el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, salieron a la luz más documentos y un polémico video que atestiguan acerca de otras licitaciones igualmente falaces.

En marzo de 2015, con un presupuesto estimado de alrededor de los 30 millones de pesos (equivalentes en ese momento a unos 2 millones de dólares), el ministro Arlía licitó la pavimentación por etapas del acceso a la localidad de Lavardén desde la ruta 2, en jurisdicción de los partidos de General Guido y Maipú.

Además de Arlía, el acto de licitación estuvo presidido por la entonces administradora General de la dirección de Vialidad, Patricia Tombesi, su primo el subgerente Administrativo, Favio Lautaro Granero, el politólogo y entonces senador, Gervasio Bozzano, y el intendente de General, Guido Aníbal Loubet, entre otros.

En efecto, a la localidad de Labardén se accede por un camino de tierra desde la ruta 2 pasando a través de la localidad de Maipú, conocido como el camino de enlace Maipú, y los habitantes del lugar ya venían reclamando las mejoras desde hacía años.

Sin embargo, esta sería otra de las tantas obras que la administración de Patricia Tombesi jamás llevaría a cabo y una vez más el dinero adjudicado tendría un destino desconocido.

En 2014, tras un corte de ruta por parte de un grupo de habitantes de la localidad como medida de protesta, Patricia Tombesi y Alan Lynch se trasladaron a Lavardén con la premisa de hablar con los lugareños sobre la posibilidad de realizar allí las obras de pavimentación necesarias.

Durante la exposición y ante los cuestionamientos de los labardenses acerca del incumplimiento de las obras que previamente se habían licitado, tanto Tombesi como Lynch incurrieron en una serie de furcios en los que revelaron que la dirección de Vialidad, además de utilizar los recursos económicos de la provincia -obtenidos a través de la recaudación impositiva-, recibía fondos del estado nacional y que, a su vez, procedieron en reiteradas ocasiones a solicitar préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 

Ya para las elecciones provinciales en 2011 se había realizado una licitación para comenzar  a asfaltar el camino que va desde Maipú hasta Lavardén, pero los labardenses manifestaron que lo único que se llevó a cabo allí fue poco más que una puesta en escena con algunas maquinarias, donde removieron algo de tierra y luego de las elecciones las obras no se continuaron hasta que, en 2014, la comisión integrada por Patricia Tombesi y Alan Lynch le comunicaron a los lugareños que tenían estipulado un presupuesto de más de 125 millones (equivalentes a unos 8 millones de dólares acorde a la devaluación de ese momento) para que las obras en su totalidad se llevaran a cabo, aunque la idea de Vialidad era la de ir concretando varias licitaciones de 30 millones de pesos (2 millones de dólares) para ejecutar las obras por etapas.

Cabe preguntarse qué fue lo que sucedió con la licitación previa que se había concretado en 2011 cuando la pavimentación nunca se realizó.

Al respecto, Patricia Tombesi y Lynch expusieron que cuando existe un contrato con una empresa para llevar a cabo una obra de infraestructura y la empresa no cumple con lo convenido en el mismo, hasta el momento en que el contrato no se rescinde, éste sigue vigente y no puede iniciarse un nuevo contrato con otra empresa.

Pero lo  grave aquí resulta que desde la sede de la dirección de Vialidad en La Plata, teniendo aún los contratos vigentes, la tríada conformada por Patricia Tombesi, Alan Lynch y Favio Granero procedía a “redeterminaciones de precios” sobre lo ya licitado y, si finalmente el contrato se rescindía, recurrían a nuevas licitaciones que implicaban más gasto público o endeudamiento externo con organismos internacionales, a la vez que no se justificaba adecuadamente cuál había sido el destino de los fondos de las licitaciones anteriores para obras que no se realizaban.

Hay que recordar al respecto que Patricia Tombesi como administradora General en la dirección de Vialidad ocupaba un área clave en el manejo de los presupuestos y los fondos teniendo como asesora a María Inés Tombesi y como subgerente Administrativo al escribano Favio Lautaro Granero, ambos primos suyos y registrados como aportantes para la campaña presidencial del 2015 en la que el kirchnerismo impulsó a Daniel Scioli como candidato. Al respecto, los gastos de campaña declarados curiosamente ascienden a montos similares a los de una de las licitaciones anunciadas por Vialidad para pavimentación y mejoras de rutas provinciales que tampoco se concretaron.

Al momento de los hechos, Favio Lautaro Granero no estaba nombrado legalmente en su cargo en Vialidad. Recién lo haría un año después, por el decreto 75/2015. ¿Qué hacía allí entonces? El manejo por completo de los cargos estratégicos y los fondos del estado de Patricia Tombesi junto a sus familiares y su amigo personal Alan Lynch, hacen sospechar que allí existía una clara asociación ilícita, en especial cuando obras de pavimentación millonarias figuraban en Vialidad como “dos veces asfaltadas” y lo cierto es que jamás se habían siquiera iniciado las obras efectivamente.

Para 2017 los habitantes de Labardén denunciaron que ya habían ocurrido varios accidentes debido a la falta de pavimentación, que como era ya sabido, la administración de Tombesi y Granero nunca realizaron.

Años después en octubre del 2023 el gobernador Axel Kicillof anunció que se realizaría una nueva licitación para asfaltar el camino de Maipú - Labardén (camino Nro. 037-01). Para cuando se anunció esta nueva licitación, el camino contaba con solo 7 kilómetros pavimentados de un total de 22 kilómetros.

Pero, aunque tanto el administrador de Vialidad, Hernán Y Zurieta, como Carlos Rocha, el intendente de General Guido, celebraron la noticia, lo cierto es que el presupuesto para asfaltar los 15 kilómetros restantes asciende a la astronómica cifra de 4.137.455.298 pesos (un equivalente a 3.5000.000 de dólares), que se sumarán a todas las licitaciones anteriores de las obras jamás realizadas, que le costaron a la provincia millones de pesos de la recaudación, además de un endeudamiento externo, como reflejó oportunamente Tombesi en su discurso.

Imágenes recientes muestran el camino truncado y las obras no se han completado pese a la nueva licitación millonaria.

En 2016 se abrió una causa contra el intendente de General Madariaga, Cristian Popovich, por asociación ilícita y desvío de fondos municipales, tras contratar a una empresa fantasma.

Sin embargo, al día de la fecha, la ex administradora Patricia Tombesi, junto a sus familiares, María Inés Tombesi y Favio Lautaro Granero (actualmente interventor del Registro Nacional Automotor Nro. 10 de La Matanza) siguen gozando del privilegio de una Justicia que aún no los ha procesado por “asociación ilícita” aunque, en vista de las declaraciones de Tombesi en Labardén, el camino de la impunidad de estos ex funcionarios de Vialidad podría tornarse cada vez más estrecho y sinuoso. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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