Julián Eyzaguirre: Reformas laborales, IA generativa y gig economy

Nos separan apenas ciento siete años de la sanción de la constitución mexicana, la primera en introducir derechos sociales. Esos derechos, más que un acto humanitario, surgieron como una respuesta pragmática a las tensiones entre proletarios y patrones, en un contexto marcado por la Segunda Revolución Industrial. Era lógico abrirle paso al constitucionalismo social en ese momento, sostiene Julián Eyzaguirre, pues otorgar derechos resultaba más rentable que seguir perdiendo vidas obreras, que al fin y al cabo eran quienes consumían los productos que ellos mismos fabricaban.

Aunque ha pasado poco tiempo desde aquel hito, los avances tecnológicos y científicos nos separan de ese capítulo histórico por una brecha considerable. Constituciones como la mexicana, la de Weimar o la argentina de 1949 fueron fruto de un momento de cuestionamiento a lo inhumano, en el que el diálogo social entre sindicatos y un capitalismo moderno fue esencial para seguir expandiéndose. Conceptos como la jornada de ocho horas, la seguridad social y la estabilidad laboral, que creíamos conquistados, hoy tambalean ante la revolución digital y la automatización.

Estamos en un punto de inflexión, intentando entender y proponer soluciones masivas frente a la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y la gig economy, que son ya constantes en un mundo pospandémico donde las normas laborales tradicionales parecen obsoletas. Tecnologías como la IA, el Internet de las Cosas (IoT) y el Big Data se integran rápidamente a los procesos productivos, transformando radicalmente el mercado laboral.

Uno de los nuevos modelos laborales es la gig economy, donde millones de personas trabajan de manera independiente a través de plataformas digitales como Mercado Libre, Uber o Rappi. Este modelo ofrece flexibilidad, pero también precarización laboral, una tendencia preocupante. Además, la automatización de tareas, inicialmente focalizada en trabajos rutinarios y manuales, está impactando cada vez más en ocupaciones complejas. Según un informe de la OIT y el Banco Mundial, entre el 26 y el 38 por ciento de los empleos en América Latina están expuestos a la IA generativa, lo que presenta tanto riesgos como oportunidades.

Sin embargo, el acceso a las tecnologías necesarias para aprovechar estos avances es desigual, especialmente en los países más pobres de la región, lo que profundiza la brecha digital.

¿Y en Argentina?

En este contexto global, Argentina ha implementado una reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, a través del decreto 847/2024. La reforma introduce cambios significativos: elimina las indemnizaciones por despido, crea un fondo de cese laboral, extiende el período de prueba y establece un régimen especial para trabajadores independientes y no registrados. Si bien estos cambios podrían ayudar a formalizar el empleo en un país con alta informalidad y desempleo, surge la pregunta: ¿Es esta la solución adecuada? ¿Genera empleo una reforma laboral o un plan económico integral?

Hace pocas semanas, el centro de investigación Fundar presentó un informe titulado "Una reforma laboral para la inclusión y el crecimiento", que ofrece una perspectiva alternativa sobre cómo reformar las leyes laborales en Argentina. Julián Eyzaguirre sostiene que, aunque para sectores progresistas hablar de reforma laboral siempre ha sido incómodo, en la economía digital actual es una necesidad ineludible. Propuestas como la reducción de la jornada laboral, la adaptación de los convenios colectivos o un estatuto especial para trabajadores de plataformas digitales podrían ser alternativas viables.

La desigualdad y las brechas que persisten

La IA llegó para quedarse, pero en América Latina enfrenta un obstáculo crítico: la brecha digital. Se estima que unos diecisiete millones de trabajos en la región no podrán beneficiarse de la IA debido a la falta de acceso a tecnologías básicas. Esto no solo afecta el potencial económico, sino que agrava las desigualdades entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no. Para que la IA tenga un impacto positivo en el empleo, los gobiernos deben invertir en conectividad y digitalización, especialmente en zonas rurales y entre los sectores más vulnerables.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad

Lejos de temer a la IA, debemos aprovechar el abanico de posibilidades que ofrece. La crisis global no responde a la escasez, sino a la sobreproducción y la falta de redistribución. Si los Estados no intervienen adecuadamente, la tecnología acentuará la desigualdad. En este sentido, es esencial regular el desarrollo de la IA para proteger los derechos de las personas. Como expresó recientemente la ONU, este proceso no puede quedar en manos exclusivas del mercado.

El mundo del trabajo está en una encrucijada. La gig economy y la automatización están reconfigurando el mercado laboral, ofreciendo oportunidades, pero también riesgos para los trabajadores que carecen de protección legal o acceso a las herramientas tecnológicas necesarias. A un siglo de la sanción de las primeras leyes de protección social, estamos retrocediendo de manera alarmante.

Debatir reformas laborales ya no puede ser un tabú. Es necesario pensar cómo adaptarnos a la nueva realidad, al mismo tiempo que garantizamos la protección de los derechos laborales. Como sugiere el informe de Fundar, necesitamos un enfoque equilibrado que combine flexibilidad con seguridad. Eyzaguirre concluye recordando que, así como surgieron los derechos sociales a principios del siglo XX después de mucha lucha, hoy el diálogo social y el rol del Estado son fundamentales para evitar nuevas crisis. Estamos a tiempo de usar lo que la IA aún no puede reproducir: la empatía, la solidaridad y nuestra capacidad de entendernos, más allá de cualquier barrera. 

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