Jujuy: Nuevo conflicto por tierras en Volcán

La comunidad indígena de Tilián, en la localidad jujeña de Volcán, enfrenta un ultimátum de diez días para abandonar las tierras que ocupa. La orden de desalojo fue emitida por la jueza Liz Valdecantos Bernal, la misma magistrada que recientemente intervino en el despojo de la comunidad de Guerrero. La demanda fue iniciada por Carlos Gustavo Bárcena, consuegro del exgobernador Gerardo Morales, lo que enciende las alarmas sobre la influencia del poder político en esta disputa.

La comunidad de Tilián ocupa actualmente un terreno de cinco hectáreas y ha sido reconocida legalmente con personería jurídica. Sin embargo, Bárcena reclama la propiedad legítima de las tierras, argumentando su derecho sobre el predio. Pese a la documentación presentada por la comunidad que acredita la titularidad comunitaria, el desalojo parece inminente.

Precedentes alarmantes

El caso de Tilián no es un hecho aislado en Jujuy. En el último mes, la comunidad de Guerrero fue desalojada violentamente de una finca propiedad del exvicegobernador Guillermo Jenefes, también bajo la orden de la jueza Valdecantos Bernal. En otros episodios recientes, como el desalojo de familias en el barrio Radio Estación Tilcara para la expansión del Tren Turístico de la Quebrada o la expropiación de tierras de la comunidad aborigen de Caspalá, el patrón es similar: desalojos forzosos con la participación del poder político y el aval judicial.

En el caso de Caspalá, además de la expulsión, se reportó la destrucción de espacios ancestrales, lo que derivó en una investigación por parte de la Justicia Federal que incluyó allanamientos a la comisión municipal de la localidad.

Reclamo y resistencia comunitaria

La comunidad de Tilián expresó su profunda preocupación e incertidumbre frente a esta nueva avanzada. Temen que la historia se repita, como ocurrió con las comunidades de Guerrero y Caspalá, donde los desalojos incluyeron violencia y detenciones. La comunidad busca respaldo legal y social para detener el desalojo y preservar su derecho ancestral sobre las tierras.

El caso pone nuevamente bajo escrutinio el papel de los sectores políticos y judiciales en las disputas territoriales en Jujuy, en las que intereses privados parecen prevalecer sobre los derechos reconocidos de las comunidades indígenas. Organismos de derechos humanos y colectivos sociales han comenzado a movilizarse para denunciar lo que consideran una sistemática vulneración de derechos en la provincia.

El conflicto por las tierras de Tilián evidencia la persistencia de tensiones entre comunidades indígenas y el poder político en Jujuy, en un contexto donde los desalojos forzados parecen ser una herramienta recurrente. La resolución de este caso será clave para determinar si los derechos comunitarios prevalecerán sobre los intereses particulares. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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