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22 de noviembre de 2024 | Interior

Trelew

Polémica en Chubut: Gerardo Merino firma convenio por la Ley Micaela en medio de denuncias por acoso

El episodio pone en evidencia las tensiones entre el discurso y las prácticas de quienes ocupan cargos públicos.

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El intendente de Trelew, Gerardo Merino, firmó un convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) para implementar la Ley Micaela en el ámbito municipal. La normativa exige la capacitación obligatoria en violencia de género para todas las personas que trabajen en la Administración Pública.

La iniciativa, presentada como un compromiso institucional para fomentar el respeto y la igualdad de género, generó controversia debido a las denuncias por presunto acoso sexual que pesan sobre el jefe comunal.

Las declaraciones de Merino y el contexto de las denuncias

Durante la firma del convenio, Merino destacó que el programa de capacitación será virtual para garantizar su alcance a todo el personal. Sin embargo, el acto quedó ensombrecido por las acusaciones que enfrenta el intendente desde 2023, cuando una empleada municipal lo denunció por episodios de conducta inapropiada ocurridos entre agosto de ese año y principios de 2024.

Además, la responsable de la ONG Puerta Violenta, Lorena Elisaincin, afirmó que habría al menos otras dos mujeres involucradas que aún no se animan a formalizar una denuncia. Según Elisaincin, una de las presuntas víctimas posee un video que evidencia el acoso, aunque todavía se encuentra en proceso de acompañamiento para decidir si lo presenta ante la justicia.

La reacción social y política

La firma del convenio por la Ley Micaela en este contexto ha sido calificada como insólita y contradictoria, dado que la capacitación tiene como objetivo erradicar la violencia de género, problemática por la que Merino ha sido señalado. Organizaciones feministas y sectores de la oposición han manifestado su repudio, cuestionando la legitimidad del intendente para liderar esta iniciativa mientras persisten las acusaciones en su contra.

El episodio pone en evidencia las tensiones entre el discurso y las prácticas de quienes ocupan cargos públicos. Mientras las capacitaciones en género son un avance necesario, las denuncias sin resolver empañan la credibilidad de las instituciones y reafirman la necesidad de aplicar mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la violencia de género en todos los niveles del Estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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