"El uso fraudulento de la ley de Identidad de Género pone en riesgo la seguridad de los reclusos"

Cynthia Castro comenzó explicando la situación que dio origen a la modificación: "La semana pasada se conocieron varios casos de delincuentes que, usando la ley de Identidad de Género, intentaban argumentar que eran mujeres y debían estar en una cárcel de mujeres, buscando así ventajas y condiciones más laxas", detalló la abogada, aludiendo al caso del jefe de la banda "Los Monos", Guillermo Cantero, quien pidió 10 hábeas corpus para cambiarse de género y poder recibir visitas de hombres.

Castro comentó que la modificación planteada por el presidente Javier Milei, que prohíbe solicitar un cambio de penal bajo el amparo de la identidad de género, es legal dentro del marco de las facultades que tiene el Ejecutivo para modificar los protocolos penitenciarios. Sin embargo, matizó que el verdadero problema radica en la manipulación de la ley de Identidad de Género: "Estamos hablando de personas ya condenadas que, dentro de la cárcel, buscan obtener beneficios a través de esta ley, algo que está provocando un abuso", indicó.

La abogada también hizo una distinción importante entre los casos de reclusos que han cambiado legalmente su identidad de género y aquellos que intentan manipular la normativa para evadir el régimen penitenciario. Aseguró que la ley de Identidad de Género debe ser respetada, pero que no puede ser utilizada fraudulentamente por quienes buscan burlar el sistema: "No podemos dejar que se abuse de esta ley que ha sido muy costosa en términos de derechos ganados para los grupos vulnerables", dijo Castro.

Al ser consultada sobre la situación en Córdoba, donde un hombre con identidad de género femenina violó a otras reclusas, la abogada señaló que, en esos casos, el sistema judicial debe realizar un análisis exhaustivo durante el juicio para determinar si la persona realmente pertenece al grupo vulnerable o si se está aprovechando de la situación. "La fiscalía debería haber analizado el historial de la persona antes de decidir su destino carcelario", comentó.

Además, destacó que el presidente Milei tiene la potestad de implementar estas modificaciones dentro de su régimen penitenciario, pero que los jueces son los encargados de garantizar los derechos de todas las personas involucradas, evaluando caso por caso y evitando los abusos dentro de los establecimientos penitenciarios.

Por último, la abogada concluyó sobre la necesidad de que el Congreso analice con urgencia la posibilidad de reformar la ley para evitar que continúen los abusos, defendiendo que las personas que intenten fraudulentamente utilizar estos derechos deban ser sancionadas y no continuar obteniendo beneficios indebidos. "Lo que está en juego es la seguridad de todos los reclusos y el respeto por los derechos de quienes realmente necesitan protección", cerró Cynthia Castro. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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