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Las denuncias por cortes en los servicios médicos y la interrupción en la entrega de medicamentos se han multiplicado, afectando gravemente a más de 700.000 trabajadores rurales y sus familias en todo el país.
A dos meses de la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), las denuncias por cortes en los servicios médicos y la interrupción en la entrega de medicamentos se han multiplicado, afectando gravemente a más de 700.000 trabajadores rurales y sus familias en todo el país.
La crisis se originó el 26 de octubre, cuando la SSSalud destituyó al Consejo Directivo de OSPRERA, que había asumido en julio tras una intervención judicial prolongada. La resolución fue emitida fuera del horario administrativo, lo que impidió el derecho a defensa, y fue tomada por un juez que luego fue apartado por incompetente. Desde ese momento, se desató un caos administrativo que impactó directamente en los servicios de salud de los beneficiarios.
Uno de los principales problemas ha sido la interrupción en la entrega de medicamentos, especialmente los de alto costo, como los necesarios para tratamientos oncológicos, VIH, hemofilia, epilepsia, insuficiencia renal, esclerosis múltiple y otros trastornos graves. La cadena de pagos que sostenía la asistencia médica se cortó cuando las cuentas bancarias de OSPRERA fueron bloqueadas, impidiendo la adquisición de fármacos esenciales y la cobertura de otros tratamientos médicos.
Numerosos pacientes han visto sus tratamientos interrumpidos, lo que ha derivado en consecuencias graves para su salud. En algunas provincias, como Buenos Aires, Córdoba y Salta, las situaciones han llegado a judicializarse, con demandas por incumplimiento de servicios, fijación de astreintes y hasta causas penales por desobediencia judicial. Entre los casos más críticos se encuentran pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y personas a la espera de trasplantes.
La situación también ha generado un conflicto con los prestadores de servicios médicos, como la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Córdoba (ADAARC), que advirtió sobre la suspensión de atención a los afiliados de OSPRERA debido a la falta de pago. Con el tiempo, la crisis se profundiza debido a la inacción de la intervención impuesta por la SSSalud, lo que ha generado multas, intereses y un incremento en los costos de los servicios.
La situación parece no tener solución a la vista, y la vulneración de los derechos de los trabajadores rurales es una constante en esta crisis, lo que contrasta con el Decreto 1045/2024, que establece buenas prácticas para la gestión de las obras sociales en situación de intervención. Mientras tanto, los pacientes continúan sufriendo las consecuencias de un sistema de salud colapsado. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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