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El exdirector de los Juzgados de Paz de la provincia del Chubut, Daniel Tejero, fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitado por tres años para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de falsificar documentos públicos durante un concurso administrativo.
El exdirector de los Juzgados de Paz de la provincia del Chubut, Daniel Tejero, fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitado por tres años para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de falsificar documentos públicos durante un concurso administrativo. La sentencia fue dictada por la jueza Eve Ponce en el marco de un juicio oral y público desarrollado en la Oficina Judicial de Rawson.
La causa se inició a partir de una denuncia del exministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, quien detectó irregularidades en las actas del concurso abierto para cubrir un puesto de auxiliar administrativo en el Juzgado de Paz de Gastre. Báez constató firmas y declaraciones falsas tras comunicarse con dos postulantes, lo que derivó en una acusación por el delito de “falsedad ideológica”.
Durante el juicio, el fiscal general Alex Williams, junto al abogado querellante Martín Castro de la Fiscalía de Estado, presentó pruebas contundentes que confirmaron la inclusión de declaraciones falsas en documentos oficiales, afectando la transparencia del proceso evaluador.
Declararon como testigos claves:
Por su parte, la defensa de Tejero fue asumida por el abogado Adolfo Pérez Galimberti, quien no logró desacreditar las pruebas presentadas por la fiscalía.
La jueza Ponce, al dictar la condena, subrayó la gravedad del ilícito cometido por un funcionario en ejercicio de sus funciones y remarcó que este fallo sienta un precedente en Chubut en cuanto a la responsabilidad y transparencia que deben garantizar los funcionarios públicos en los procesos administrativos y concursales.
La sentencia no solo implica un castigo personal para Tejero, sino que también busca reafirmar la confianza pública en los mecanismos institucionales y judiciales, reforzando la necesidad de erradicar prácticas de corrupción y fraude en el ámbito estatal. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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