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Tras varios años de finalizar su gestión al frente del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Cuentas responsabilizó a Cristian Ritondo y a su cuñado Martín Diago por irregularidades administrativas y financieras llevadas a cabo en el gobierno de María Eugenia Vidal. Por primera vez, los documentos salen a la luz.
El fallo 413/2022 del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires puso de manifiesto irregularidades durante la gestión de Cristian Ritondo como ministro de Seguridad de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Las observaciones incluyen montos millonarios, sanciones y responsabilidades atribuidas a múltiples funcionarios, entre ellos, Martín Adrián Diago, cuñado de Ritondo, quien ocupó un rol clave dentro de su cartera.
Este artículo expone las conexiones, los señalamientos y las sanciones económicas que emergen del documento, que es hecho público por primera vez.
El fallo analiza la rendición de cuentas del ejercicio 2019, último año de la gestión de Vidal. Aunque el Tribunal aprueba ciertos aspectos, destaca múltiples irregularidades en el manejo de recursos, asignación de responsabilidades y cumplimiento de normativas. Ritondo, como ministro, figura entre los sancionados con multas significativas, acompañado por otros funcionarios, incluido su cuñado Martín Adrián Diago.
Diago, quien estuvo al frente del Registro Público Provincial de Personal de Control de Admisión y Permanencia, desempeñó un rol clave en áreas vinculadas a la seguridad y el control durante la gestión de Ritondo. Esta relación familiar dentro de la estructura del ministerio plantea dudas sobre posibles conflictos de interés y el manejo discrecional de cargos clave.
El fallo impuso multas a varios funcionarios, destacando la sanción de 90 mil a Cristian Ritondo y una amonestación a Diago. Además, el Tribunal menciona montos millonarios aún en reserva, como 646.400,61 y 1.787.522,31 pesos, cuya responsabilidad se sigue investigando según el expediente al que tuvo acceso REALPOLITIK. Estas cifras reflejan una administración que, al cierre de su gestión, dejó una carga de observaciones y cuestionamientos sin resolver.
Las sanciones dejan en evidencia el cuestionable manejo administrativo que se suma a las críticas actuales de las que son objeto el exministro y su esposa Romina Diego, acusados de presuntas inconsistencias patrimoniales, sociedades offshore y operaciones multimillonarias a través de una poderosa constructora.
El fallo 413/2022 revela un complejo entramado de responsabilidades dentro del ministerio de Seguridad durante la gestión de Vidal. Con sanciones, montos pendientes de aclaración y vínculos familiares en puestos clave, el documento resalta las fragilidades administrativas y éticas de un período que aún arroja sombras sobre la transparencia en la gestión pública. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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