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La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) atraviesa un período de incertidumbre y vacío institucional tras los comicios del pasado 11 de diciembre, que fueron anulados en medio de denuncias y sospechas de irregularidades.
La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) atraviesa un período de incertidumbre y vacío institucional tras los comicios del pasado 11 de diciembre, que fueron anulados en medio de denuncias y sospechas de irregularidades. La Lista 5 Naranja, autoproclamada ganadora de las elecciones, ha decidido intensificar su plan de lucha con una serie de medidas que incluyen movilizaciones, denuncias y acciones judiciales contra la ex comisión directiva.
A 26 días de las elecciones, la Secretaría de Trabajo de la Nación aún no ha emitido una resolución definitiva, lo que ha generado un clima de tensión creciente. Según denuncian los miembros de la Lista Naranja, la sede gremial permanece prácticamente cerrada, aunque la ex secretaria general Silvia Vélez niega esta situación.
Desde una carpa instalada frente al edificio de calle Lamadrid, el referente del Hormiguero Docente y secretario electo, Guillermo Duarte, explicó que la asamblea celebrada recientemente definió una serie de acciones para visibilizar el reclamo. “Vamos a dirigirnos a la Agencia de Trabajo de calle Otero para exigir celeridad en el expediente presentado el 26 de diciembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Además, convocaremos a referentes sindicales de todo el país para que se sumen a una movilización y organizaremos una radio abierta con conferencia de prensa el viernes”, expresó Duarte.
Entre las medidas anunciadas también se incluye una olla popular frente a la sede gremial y un llamado a los afiliados para que realicen denuncias penales particulares contra la ex comisión directiva, a quienes acusan de "sospecha de defraudación".
El conflicto, que comenzó como una disputa electoral, ha escalado hacia un escenario de protesta y judicialización que amenaza con prolongarse si no hay una resolución clara por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, la falta de representación gremial efectiva deja a los educadores provinciales en un limbo institucional que afecta directamente sus derechos y condiciones laborales. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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