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Carolina González y Pablo Martín dimiten tras la revelación de un supuesto pedido de gratificaciones ilegales por parte de la directora provincial de Puertos.
La administración del puerto de Puerto Deseado atraviesa una grave crisis institucional tras la renuncia de dos de sus principales autoridades: Carolina González, administradora del puerto, y Pablo Martín, jefe operativo de la oficina. Las dimisiones se producen luego de que trascendiera un escándalo por un presunto pedido de coimas a empresas pesqueras y mineras, implicando a Selsa Hernández, directora provincial de Puertos.
De acuerdo a información publicada por el medio Mar y Pesca, el escándalo habría comenzado cuando Hernández solicitó gratificaciones económicas a empresas pesqueras y mineras, bajo el argumento de cubrir los costos de custodia de un buque de la naviera Maersk. El pedido fue interpretado por empresarios del sector como un intento de extorsión, lo que generó un rechazo generalizado en la comunidad empresarial. Las acusaciones de coimas rápidamente tomaron fuerza, desatando una crisis de confianza en la administración portuaria.
Las renuncias de González y Martín son vistas como un intento de desvincularse de las acusaciones y de preservar la imagen del puerto ante un escándalo que podría afectar su operatividad. Fuentes cercanas al puerto indican que ambos exfuncionarios decidieron alejarse de la gestión tras el escándalo, que involucra a figuras de alto perfil en la administración provincial.
El escándalo ocurre en un momento crítico para la localidad, ya que la temporada de calamar representa una de las épocas de mayor actividad económica para Puerto Deseado. La falta de liderazgo en la administración portuaria ha generado incertidumbre en torno al normal funcionamiento del puerto, especialmente ante la llegada de flotas pesqueras. Los trabajadores del sector pesquero han expresado su preocupación, temiendo que la crisis institucional afecte la llegada de barcos y, con ello, los puestos de trabajo.
“Esto del pedido de coimas espanta a los barcos, y lo que los estibadores queremos es que vengan más barcos para que los puestos se multipliquen”, comentó un trabajador, reflejando el malestar de los empleados portuarios frente a la situación.
El gobierno provincial, por su parte, ha intentado minimizar el impacto del escándalo, señalando que Hernández ha solicitado vacaciones hasta el 13 de febrero, dejando temporalmente su cargo en manos de Ramón Alí, un instructor de artes marciales y exconcejal, quien asumirá como encargado interino. Sin embargo, la falta de claridad sobre la resolución definitiva de la situación ha dejado en el aire las perspectivas de recuperación para el puerto y la economía local.
La crisis por las presuntas coimas en el puerto deseadense pone de relieve la creciente preocupación sobre la transparencia y la gestión pública en la provincia, además de exponer las tensiones en sectores clave de la economía regional. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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