Gerardo Zamora, el mandatario que gobierna como en un feudo, bajo prácticas autoritarias

La provincia de Santiago del Estero fortalece su mala reputación con nuevas denuncias de abuso de poder por parte del gobernador Gerardo Zamora, a quien tildan de crear un esquema de gobierno que se asemeja más a una organización criminal que a una administración democrática. Ahora, una reciente denuncia de una residente de la provincia lo acusa de encarcelar y perseguir a ciudadanos inocentes.

Un relato en primera persona

El caso de Sebastián Amado y José Carlos Pinto, detenidos arbitrariamente el 18 de septiembre de 2024, expone cómo el respeto por las garantías constitucionales en Santiago del Estero son una deuda pendiente. Ambos fueron arrestados bajo acusaciones infundadas en relación con una aplicación de criptomonedas llamada Peta, operada desde Londres y sin vínculo probado con los detenidos. 

A pesar que Gendarmería Nacional Argentina presentó pruebas que indican que el dinero relacionado con la plataforma está en Dubái y Estados Unidos, las detenciones continúan, exponiendo la maquinaria de represión de Zamora. El proceso estuvo plagado de irregularidades, presuntas extorsiones por parte del procurador Fabio Cisneros, amenazas directas y la manipulación de pruebas, según aseguran las víctimas.

La esposa de uno de los detenidos, quien denunció los hechos en contacto con REALPOLITIK, también afirmó estar siendo víctimas de amenazas constantes, por lo que se vio obligada a solicitar un botón antipánico para proteger su vida.

La Justicia bajo el control del zamorismo

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la constante dilación del poder judicial de Santiago del Estero. La prisión preventiva, fijada inicialmente por dos meses, fue extendida arbitrariamente sin la presentación de pruebas concretas, con la complicidad de jueces que responden a los intereses del gobernador.

Los abogados defensores han denunciado la violación de la cadena de custodia de pruebas y la manipulación de documentos judiciales, incluyendo la existencia de resoluciones preescritas antes de las audiencias, de acuerdo a lo que reveló esta misma denunciante.

Una red de negocios irregulares

Pero, el esquema de corrupción que envuelve a Zamora no se limita a la persecución política y judicial, sino que también se extiende a sus bolsillos. Su esposa, Claudia Ledesma Abdala, fue señalada en reiteradas oportunidades por su enriquecimiento inexplicable durante paso por el Registro Automotor de la provincia. A ello se suma el negocio con la salud de los santiagueños, controlado por su hermano Oscar Ricardo Ledesma Abdala, quien maneja la única clínica de diagnóstico por imágenes de la provincia.

El centro de salud familiar, Diagnóstico Médico por Imágenes (DMI), opera bajo un monopolio favorecido por el estado provincial, obligando a los pacientes a recurrir a sus servicios. Detrás de esta empresa, figuran otras sociedades como Medicgamma y EMAC SRL, las cuales canalizan los ingresos millonarios generados a costa del pueblo santiagueño. Estas irregularidades fueron denunciadas en 2013 por el entonces candidato a gobernador Emilio Rached, aunque la maquinaria judicial y política del zamorismo logró frenar cualquier investigación seria.

Garantes de la impunidad

Lamentablemente, el caso de Amado y Pinto no es aislado sino que es parte de una estructura de persecución que el mandatario provincial utiliza para disciplinar a quienes no forman parte de su red de poder o no se someten a sus exigencias. Las denuncias de familiares de los detenidos se suman a una seguidilla de ciudadanos que fueron víctimas de amenazas, hostigamiento y violaciones a sus derechos básicos bajo la gestión de Zamora.

La persecución mediática es también una herramienta habitual en este esquema. Los detenidos fueron expuestos en los medios locales con acusaciones infundadas de poseer cuarenta propiedades y de haber estafado a miles de personas. Mientras tanto, otros involucrados con vínculos en el poder, como el hijo del abogado Juan Gavioli, fueron -convenientemente- excluidos de la investigación.

El testimonio de la denunciante fortalece aún más este prontuario desesperanzador: "Nos eligieron por falta de contactos y poder. Mientras jueces, hijos de fiscales y gente conocida está libre, nosotros somos los perejiles que deben caer". Una frase que, sin dudas, resume el mecanismo de persecución selectiva del zamorismo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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