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Según los miembros de la comunidad, la intendencia local habría autorizado la realización de movimientos de tierra y la construcción en áreas de su territorio sin su consentimiento previo, lo que ha generado un fuerte malestar y reclamos.
En un contexto de creciente tensión, la comunidad indígena Pucará de Tilcara denuncia lo que consideran una usurpación de sus terrenos ancestrales. Según los miembros de la comunidad, la intendencia local habría autorizado la realización de movimientos de tierra y la construcción en áreas de su territorio sin su consentimiento previo, lo que ha generado un fuerte malestar y reclamos.
Desiderio Olmos, vicepresidente de la comunidad, expresó su asombro y frustración al narrar cómo el municipio autorizó la construcción de estructuras dentro de su territorio sin previo aviso ni consulta. "Nosotros teníamos planes para construir un salón comunitario y una casilla turística para recibir a los turistas", explicó Olmos, señalando que, por el contrario, el municipio les ha puesto obstáculos para realizar sus propias obras. "Nos pidieron que presentemos arquitectos e ingenieros y toda la documentación en regla, pero a otras entidades no se les exige lo mismo", añadió, subrayando la discriminación que sienten al comparar el trato recibido con el que otras organizaciones locales han tenido.
El conflicto se profundiza al considerar que la comunidad Pucará ha sido clara en su derecho a estas tierras, que han sido ocupadas por generaciones. En 2016, la comunidad realizó un estudio en las zonas de Pata Pampa y Piel a Cuesta, que demuestra la histórica presencia de sus ancestros en estos terrenos. Sin embargo, a pesar de contar con las resoluciones y documentación que avalan su posesión, el municipio ha autorizado obras que van en contra de sus derechos, sin haber mediado una consulta ni un consentimiento de los pueblos originarios.
Además de la agricultura, con cultivos como nueces, duraznos, manzanas, choclo y papas, la comunidad Pucará ha impulsado el turismo rural y comunitario como una actividad que beneficia a sus jóvenes y les ofrece una salida laboral. Las visitas guiadas, cabalgatas, trekking y maratones son algunas de las actividades que se realizan en su territorio, poniendo en valor los recursos naturales y culturales de la región. En este sentido, Olmos remarcó que la comunidad siempre ha estado abierta a cualquier tipo de actividad que respete su territorio y su cultura, pero que las acciones del municipio parecen contradecir este espíritu de apertura.
El sentimiento de discriminación es claro en las palabras de Olmos, quien afirmó que las acciones del municipio violan el estado de derecho y dejan al futuro de la comunidad en una situación incierta. "Nos sentimos vulnerados", dijo, al tiempo que recordaba cómo, en ocasiones anteriores, se les exigió cumplir con normativas y presentar papeles a pesar de haber cumplido con todos los requisitos. La situación se torna aún más grave cuando se considera que, en otras circunstancias, el municipio ha permitido que otros grupos realicen construcciones sin tantas exigencias.
Con este conflicto, la comunidad indígena Pucará no solo enfrenta una disputa por tierras, sino también una lucha por el reconocimiento de sus derechos y su autonomía. El reclamo es claro: piden que se detengan las actividades en su territorio hasta que se respete la posesión que han tenido durante años, que se consulte con ellos antes de tomar decisiones que afecten su espacio, y que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada, tal como establece la legislación nacional e internacional sobre los pueblos originarios.
Este enfrentamiento en Tilcara pone de manifiesto una vez más las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas en el país para hacer valer sus derechos frente a las autoridades municipales y provinciales. La comunidad Pucará ha mostrado ser un ejemplo de resistencia y defensa de su territorio, pero la falta de respuestas claras por parte del municipio y la discriminación institucional continúan siendo barreras que dificultan su desarrollo. En este contexto, el respeto por los derechos ancestrales, la consulta previa y la inclusión de las comunidades en las decisiones que les afectan se presentan como claves para avanzar hacia una convivencia más justa y equitativa. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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