
Cultura
Los trabajadores del centro de menores de Pablo Nogués, que depende del gobierno de Axel Kicillof, denuncian abusos y condiciones extremas, incluyendo amenazas de despido, medidas de control para silenciar la violencia interna y una gestión cuestionada que ha llevado a la desprotección tanto de empleados como de internos.
En las últimas horas, han trascendido pedidos de auxilio provenientes de los empleados del centro de menores de Pablo Nogués, dependiente del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA). A través de mensajes de texto enviados a trabajadores de otras unidades, se solicitaba ayuda con un tono de desesperación. La causa de esta alarma es la decisión de la directora del centro, Patricia “Chueca” Vázquez, quien ha ordenado a los empleados, especialmente a las mujeres, que no porten teléfonos celulares durante las doce horas continuas de contacto con los jóvenes. Esta medida, lejos de obedecer a una lógica de seguridad laboral, parece orientada a evitar que las anomalías y situaciones de violencia que ocurren a diario en el establecimiento sigan siendo difundidas.
Uno de los trabajadores explicó que las amenazas de rescisión de contrato se repiten varias veces al día, y que incluso se han llegado a citar normas que rigen los derechos de los empleados del gobierno de la provincia de Buenos Aires (ley 10.430). La designación de Vázquez como directora responde a una promesa de afinidad personal realizada por la exsubsecretaria Viviana Archidiácono, quien terminó siendo destituida de su cargo, como es habitual en esta administración.
Sin embargo, lo realmente alarmante no es solo el amiguismo característico de esta gestión, sino que Vázquez proviene del centro de jóvenes mujeres de Ferrari, un puesto del cual fue removida tras no poder manejar una crisis interna con cuatro jóvenes conflictivas. Su cuestionada administración y el manejo de los recursos asignados al centro de Ferrari no impidieron que fuera nombrada al frente del centro de menores Nogués, un lugar que rápidamente se convirtió en un terreno de constante conflicto y abuso para los trabajadores.
Tal como lo habían advertido los empleados con experiencia, el régimen horario 12x36 horas y la creciente cantidad de nombramientos de mujeres para cuidar a jóvenes varones en conflicto con la ley configuraban una combinación destinada a conducir al colapso. Como titulamos en una de nuestras notas anteriores, siguiendo el estilo de Gabriel García Márquez, esto ha sido “una crónica de una muerte anunciada”. Sin embargo, a pesar de las amenazas y de las condiciones extremas, los trabajadores continúan en sus puestos por necesidad. Incluso aquellos que han sido incorporados por delegados sindicales, que firmaron acuerdos en condiciones de explotación laboral, han perdido el miedo y están dispuestos a hacer públicos los hechos. “Todo lo que sucede en Nogués tiene que saberse”, afirmó a este medio un trabajador, quien además de sufrir la violencia cotidiana, debe enfrentar las amenazas internas de perder su puesto de trabajo.
“Ya lastimaron a un maestro. Lo golpearon, lo tomaron de rehén y nadie dice nada”, añadió, entre lágrimas, una de las trabajadoras del centro. Esta situación evidencia la grave desprotección a la que están expuestos tanto los trabajadores como los internos del centro.
Por otro lado, esta gestión ha habilitado lo que en el sistema penal federal se conoce como visitas íntimas o higiénicas, que permiten a los menores detenidos tener relaciones sexuales con las visitas, independientemente de que estas personas no sean mayores de edad, no tengan hijos o carezcan de vínculos estables comprobables. Este hecho genera un profundo malestar por diversas razones y añade una nueva carga a los trabajadores, quienes deben asegurarse de la finalización de estos turnos de visitas, como si se tratara de un hotel alojamiento. Este sistema ha desembocado en casi una docena de embarazos entre las internas, lo que algunos trabajadores califican como los “hijos putativos” del sistema penal bajo la supervisión del ministro Andrés Larroque y el gobernador Axel Kicillof, además del poder judicial.
Para empeorar aún más la situación, los trabajadores denuncian que, mientras los menores cuentan con camas de algarrobo, sommier, baños de primera y aire acondicionado, ellos a menudo no tienen ni agua caliente para bañarse, mucho menos aire acondicionado, ni lockers. En varias ocasiones, los empleados deben dormir sobre colchones comunitarios en el suelo.
Mientras tanto, hace algunas horas, se fugaban nuevamente dos internos del centro El Castillito, en la ciudad de La Plata, tras cortar un barrote y escapar por la puerta principal. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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