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5 de marzo de 2025 | Nacionales

Entrevista REALPOLITIK.FM

Gabriela Troiano: "El gobierno considera a las personas con discapacidad como incapaces"

La presidenta de la Red por los Derechos de la Personas con Discapacidad (REDI), Gabriela Troiano, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre los cambios en los requisitos para la renovación del Certificado Único de Discapacidad y las implicancias del decreto 187/2024.

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por:
Facundo Quiroga

Gabriela Troiano advirtió que el decreto introduce términos discriminatorios y estigmatizantes, al clasificar a las personas con discapacidad con términos como "débil mental profundo" y "débil mental moderado". "Más allá de lo ofensivo del lenguaje, lo grave es que retrotrae el reconocimiento de derechos a un paradigma obsoleto. No es solo un problema de terminología, sino de fondo: el gobierno considera a las personas con discapacidad como incapaces", sostuvo.

Además, la presidenta de REDI alertó sobre la modificación en los criterios de evaluación para acceder a beneficios sociales. "El decreto 187 cambia las condiciones bajo las cuales se determinan las pensiones. Antes se utilizaba la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), recomendada por la OMS. Ahora vuelven a utilizar el CIE, un método anterior a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto significa que muchas personas van a perder sus derechos porque las auditorías se basarán en parámetros distintos a los que les otorgaron sus beneficios", explicó.

Troiano denunció que las citaciones a auditorías no aclaran qué documentación deben presentar los beneficiarios y se otorgan con plazos muy reducidos. "Piden estudios médicos e historia clínica en un mes, cuando sabemos que conseguir un turno médico puede demorar más tiempo. Esto está diseñado para no dar respuestas y quitar pensiones", sostuvo.

En cuanto a los efectos de la política gubernamental, Troiano expresó su preocupación por el impacto sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad: "Estamos hablando de una pensión de menos de 300 mil pesos, que muchas familias utilizan para pagar una obra social que garantice medicamentos y rehabilitación. En muchos casos, esto define si una persona podrá caminar o escribir. Quitarle estos derechos es condenarlos a la exclusión total".

Finalmente, la presidenta de REDI señaló que las organizaciones que trabajan en defensa de las personas con discapacidad han presentado un reclamo administrativo contra el decreto y continúan impulsando un proyecto de ley para adecuar la normativa argentina a los estándares internacionales de derechos humanos. "Lo que hace este gobierno es perverso. Si pasaba, pasaba, pero no pasó, porque estamos organizados y vamos a seguir luchando", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 


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