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Federico Schmeigel, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la creciente represión contra manifestaciones sociales y la aplicación del protocolo antipiquete implementado por el gobierno nacional.
Federico Schmeigel denunció que la aplicación de dicho protocolo "limita el derecho a la protesta de una manera inédita y genera una situación de excepción en relación con un derecho constitucional". En este sentido, explicó que la CPM, en conjunto con otros organismos de derechos humanos, ha llevado adelante un monitoreo sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas sociales.
Uno de los ejemplos más recientes y alarmantes de represión se vivió en la protesta de jubilados que se realiza todos los miércoles en el Congreso, donde se registró "un despliegue desproporcionado e irracional de personal de seguridad". Según Schmeigel, "las fuerzas federales, pertrechadas con armamento de infantería, gases lacrimógenos y balas de goma, reprimieron con violencia a los manifestantes, dejando un saldo importante de heridos".
El integrante de la CPM también hizo hincapié en la agresión contra la prensa: "Los trabajadores de medios de comunicación son sistemáticamente golpeados y gaseados con spray en sus rostros, lo que los inhabilita para cumplir con su tarea". Además, denunció que la represión también se extiende a las organizaciones que prestan asistencia en las protestas, como grupos de rescatistas y postas de salud voluntarias.
Sobre la participación de hinchas de Chacarita en la protesta, Schmeigel señaló que "se desconoce el trasfondo de esta decisión", aunque advirtió que "podría haber sido utilizada para reforzar el discurso oficial de que las manifestaciones son violentas". No obstante, aclaró: "Nosotros damos fe de que los jubilados, así como los gremios que se sumaron, se manifiestan de manera pacífica y en el marco de su derecho constitucional a la protesta".
Finalmente, advirtió sobre el impacto de la represión sistemática en la sociedad: "El protocolo antipiquete es una decisión administrativa de muy bajo rango legal que está pasando por encima de garantías constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos". En este sentido, Schmeigel alertó sobre la preocupante reducción de las movilizaciones sociales debido al accionar represivo del gobierno: "Cada vez merma más la protesta social, cuando en realidad es un derecho fundamental de la democracia". (www.REALPOLITIK.com.ar)
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