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La orden de allanamiento del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta sacó a la luz el entramado delictivo y los roles de cada implicado. Los dueños de La Cañada, el empresario Ariel Fabián Bordigoni y la llamativa ausencia de Luis Barbier y su polémica pareja, Elina Demurtas.
En las últimas horas, el fiscal que entiende en la causa, Juan Cruz Condomi Alcorta, solicitó una medida cautelar, el levantamiento del secreto fiscal, y la orden de allanamiento, registro y secuestro, para los imputados en la causa que protagoniza el exintendente de la municipalidad de La Plata, Julio Garro.
Los involucrados son el proio Garro; la exsecretaria de Planeamiento, María José Botta; el exdirector general de Obras Viales, Marcelo Gustavo Genoro; el exsubsecretario de Servicios Públicos y empresario de la construcción, Nahuel Julián Paradela (recientemente ingresado a la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires); el presidente de la empresa Sol Vial Construcciones, Facundo Dadin (que fue empleado del ministerio de Seguridad de la Nación y actualmente fue contratado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires); y los empresarios Ariel Fabián Bordigoni de Bordigoni y Cía. SRL, Leandro Arrechea y Cecilia Andrea Mayocchi, de la empresa Agrycon SA. También hay un notable ausente: el exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Barbier, todavía vinculado laboralmente a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Su ausencia en la causa resulta, como mínimo, llamativa, teniendo en cuenta que fue señalado por numerosos desarrolladores y varios arrepentidos como el presunto "cajero” de Julio Garro. Incluso, estaría circulando material audiovisual de una cámara oculta en la que se mostrarían los detalles del entramado delictivo.
Los delitos que se les imputan son los de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del estado.
Uno de los primeros delitos detallados en la causa gira en torno al barrio La Cañada. El 7 de junio de 2022, la secretaría de Planeamiento Urbano a cargo de Botta, le ordenó a la empresa Agrycon SA, cuya presidenta es Cecilia Mayocchi, el pago de la plusvalía, en concordancia con la ordenanza 12.031. Mayocchi ofreció, en aquel entonces, pagar la plusvalía mediante la realización de obras que beneficien a toda la sociedad. La comuna aceptó la propuesta. Sin embargo, pocos días después, tanto Mayocchi como el empresario Fabián Bordigoni, cometieron, de acuerdo a la investigación judicial, un grave delito.
En palabras del fiscal Condomi Alcorta, quedó constatado que al menos “una mujer y dos hombres (entre ellos el intendente Julio Garro)” se reunieron con tres personas que representaban a Agrycon SA y a Bordigoni y Cía. SRL, y literalmente arrancaron al menos nueve hojas del expediente y las reemplazaron con otros documentos que los beneficiaban, generando un perjuicio económico a la municipalidad de La Plata en, al menos, 30 millones de pesos. El propio fiscal asegura que “se pudo constatar que a partir de las fojas 05 fueron reemplazadas las mismas hasta la foja 14, así como la foja 28” y acto seguido “fueron agregados documentos en reemplazo de los originarios”.
El resultado de la maniobra delictiva encabezada por Mayocchi, Bordigoni y funcionarios municipales fue el de un perjuicio enorme a la ciudad de La Plata. En efecto, “el acuerdo” espurio incluyó la orden de la municipalidad de la construcción de una rotonda a metros de uno de los ingresos del barrio La Cañada que, en palabras de la fiscalía, “particularmente y llamativamente beneficia al barrio en cuestión casi en forma exclusiva”, y no a la sociedad toda, como es la naturaleza de la plusvalía.
No sólo ello, sino que además la construcción de dicha rotonda, que en los documentos originales tenía un costo de 39.080.657 pesos, luego de la adulteración de los documentos pasó a duplicar su valor y costar 63.818.306 pesos. Condomi Alcorta aclara, en el documento judicial al que tuvo acceso REALPOLITIK, que “se puede apreciar con pristina claridad un monto superior al consignado, inflando el presupuesto en perjuicio del erario público casi en el doble de su costo original, con tan sólo un mes y medio aproximadamente de diferencia entre la firma de ambos convenios”.
El negocio se terminó cerrando en una mesa chica entre las empresas involucradas en los delitos. En efecto, la fiscalía comprobó que se sumaron a la realización de la obra las empresas Sol Vial SA y Les Baux, quedando Bordigoni SRL como única planta proveedora. “Claro está, en este interín duplicaron los costos de dicha obra”, asegura la fiscalía.
Los testimonios de personas vinculadas laboralmente a Mayocchi y a Bordigoni, ciertamente, no ayudaron a mejorar la imagen de los empresarios. Respecto a la primera, testigos aseguraron que “tiene una pésima reputación desde el desarrollo del barrio La Cañada, dado que utilizó para el mismo todos los elementos y técnicas de menor calidad y costo, lo que resultó en un emprendimiento inmobiliario de precarias características, con zanjeos mal ejecutados, tendidos eléctricos aéreos y calles en mal estado, pero de una rentabilidad asombrosa”.
Respecto a Bordigoni, testigos explicitaron a REALPOLITIK que se trataría de “un empresario reconocido en la ciudad, que sería famoso por acuerdos con numerosos tesoreros y jefes de compra de la provincia de Buenos Aires para asegurarse la agilidad de los pagos, además de otras maniobras previas en licitaciones de gran magnitud tanto ante el gobierno provincial como ante numerosos estados municipales”.
En las últimas horas, se supo que habría al menos un arrepentido que tendría información delicada que complicaría la situación judicial de Bordigoni.
Quien no aparece mencionado en la orden de allanamiento es el exsecretario de Obras Públicas de la municipalidad de La Plata, Luis Barbier, a pesar de haber sido señalado por numerosos desarrolladores como el presunto "cabecilla” del entramado delictivo.
El relato de las supuestas víctimas de Barbier es, ciertamente, esclarecedor. Uno de ellos, contó cómo habría sido el proceso con lujo de detalle: “Poder tener un barrio privado no es tarea sencilla. Tras la compra de la tierra, hay que llevar adelante los proyectos de luz, agua, cloacas, gas y la aprobación de Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires, entre otros requisitos. Tras adjuntar la documentación en un expediente municipal, hay que presentar los planos, corregirlos las veces que sea necesario, hasta conseguir el visto bueno de la comuna. Sin embargo, a muchos desarrolladores les pasó que, en algún momento, el expediente quedaba paralizado y no ‘caminaba’ más, a pesar de tener todos los requisitos cumplidos. En aquel momento, uno comenzaba a protestar hasta que, finalmente, te mandaban a hablar con el por entonces secretario de Obras Públicas, Luis Barbier. Te pasaban el teléfono de él y, por lo general, te citaba a una reunión en el country Grand Bell, donde viven tanto él como Garro".
Según testigos, una vez allí, Barbier participaba de la reunión con una notebook en la que presuntamente tenía una planilla de Excel con las tabulaciones por metro cuadrado del negocio. "Era entonces que te exigían grandes sumas de dinero a cambio de las aprobaciones finales”, explicaron. “No era de extrañar que, a los pocos días, uno vea a su pareja, Elina Demurtas, comprando ropa con el dinero recibido por Barbier”, advirtió.
Demurtas era reconocida en los pasillos del palacio municipal. De acuerdo a testimonios de exfuncionarios, “tras un notable derrotero de parejas ocasionales, entre las que incluso hubo denuncias por violencia de género, terminó recayendo en los brazos de Barbier”, afirmaron. “Aún hoy recordamos cuando se tuvo que suspender una reunión de gabinete porque dos funcionarios municipales que habían sido pareja de ella comenzaron a contar intimidades, lo que provocó la angustia de las mujeres presentes”.
Semanas atrás, Demurtas había concretado la documentación necesaria para abrir una franquicia de la red inmobiliaria ONE en el complejo Paseo Mitre a un costo de varias decenas de miles de dólares que escapa a sus posibilidades económicas. Según trascendió, con el objetivo de comercializar lotes de barrios que terminaron irregularmente vinculados al poder tras los manejos de la gestión de Garro. Finalmente, la dueña de la marca en Argentina, que tendría una intachable trayectoria en el rubro, decidió dar de baja el contrato al enterarse del impresionante prontuario judicial que podría complicar el futuro de la pareja Demurtas - Barbier.
Vale destacar que Demurtas ingresó a la planta de la municipalidad de La Plata gracias a la gestión de Garro, donde desempeña tareas hasta el día de hoy. Actualmente figura como contratada en el Concejo Deliberante de La Plata como parte del equipo de la concejal Lucía Barbier, hermana del exfuncionario garrista
Al menos dos desarrolladores inmobiliarios afirmaron que, tras la aprobación municipal de sus emprendimientos (y como condición necesaria), funcionarios de la municipalidad de La Plata los ‘impulsaban’ a contratar a la empresa Sol Vial SA para la ejecución de la mayoría de las obras, especialmente la obra civil, las calles internas y, posiblemente, algunas obras subterráneas.
“Nos condicionaban a contratar a Sol Vial”, confirmó uno de ellos. “Te entrevistabas con quienes se presentaban como los dueños, que eran Facundo Dadin y Nahuel Paradela. Éste último era, además, exfuncionario municipal muy cercano a Luis Barbier, secretario de Obras Públicas de la municipalidad de La Plata. En la reunión, te daban a entender que ellos eran amigos de Barbier, quien estaba detrás de Sol Vial, por lo que si los contratabas a ellos las obras iban a ser aprobadas sin mayores inconvenientes”, relató la víctima del proceso extorsivo.
El comportamiento de Paradela, quien conoció a Barbier en ámbitos gubernamentales vinculados al ambientalismo, no es para nada nuevo, ya que en el pasado realizó maniobras similares. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, Paradela asumió como director de Residuos en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), entonces dirigido por Hugo Bilbao. Antes de renunciar a su cargo en 2016, Paradela fundó la empresa Pasobig SA junto a Bilbao, aunque este último decidió continuar al frente del OPDS.
La empresa Pasobig SA tenía un amplio alcance, pero casualmente incluía proyectos de obra pública y construcción, como plantas de tratamiento de efluentes, reciclaje y remediaciones, tanto en el ámbito público como privado. Además, participaban en adjudicación de obras por licitación o concursos.
En ese marco, Paradela también compartió sociedad con el polémico Nehuén Bibiloni, hijo del exsecretario de Ambiente, Homero Bibiloni. Nehuén estuvo involucrado en un insólito hecho histórico cuando, en 2009, resultó el primer beneficiario del Plan de Incentivo de la Industria Automotriz.
Según información disponible en su página web www.solvial.com.ar, la empresa vinculada a la gestión de Julio Garro se destaca por su impresionante capacidad técnica, respaldada por una costosísima flota de equipos y maquinaria de última generación, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta su escasa trayectoria.
Entre su arsenal se incluyen camiones de carga de diversas capacidades, como los Iveco Tector, camiones volcadores Ford y una variedad de vehículos especializados como el camión regador Dodge DP500 y la motoniveladora John Deere 670. Además, cuenta con maquinaria pesada como retroexcavadoras Caterpillar 320 GX y LiuGong 922, así como compactadores y rodillos neumáticos de alta eficiencia. La empresa también dispone de una flota de diez camionetas 4x4, vehículos utilitarios y equipo de topografía avanzado, incluyendo estaciones totales y GPS.
Este equipamiento refleja no solo una sólida infraestructura, sino también la asambrosa capacidad de Sol Vial para afrontar proyectos de gran envergadura adquirida durante los años de gestión de Garro. Las costosas herramientas y máquinas mencionadas permiten a la empresa realizar trabajos en una amplia variedad de proyectos, que incluyen desde el asfaltado y nivelación de calles hasta el despliegue de obras de gran complejidad en sectores como la construcción de rotondas y otras infraestructuras urbanas.
En el contexto de los desarrollos urbanísticos que afectan a la ciudad de La Plata, se destaca la implicación de Sol Vial en barrios como Barrancas, Los Teros, Altos de Hernández, Brisas del Sur, La Torcuata, La Cañada, Don Basilio, Quimilar, Estancia Chica, Área 36, Senderos, Ayres del Plata, San Fransisco, 38 West y El Paraíso, todos ellos, por supuesto, de la ciudad de La Plata.
El conjunto de esta capacidad técnica de Sol Vial Construcciones podría estar valorado en varios millones de dólares, considerando el costo de los camiones, retroexcavadoras, maquinaria pesada y vehículos especializados. Este tipo de equipamiento especializado es crucial para la ejecución de proyectos de gran escala en el ámbito de la construcción y la obra pública, y representa una inversión significativa para cualquier empresa en el sector. Aunque en este caso, al menos, despierta numerosas suspicacias. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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