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Sin embargo, las indemnizaciones correspondientes a los despedidos siguen sin resolverse, lo que genera una creciente incertidumbre entre los empleados afectados.
La pesquera Río Salado, ubicada en la localidad rionegrina de San Antonio, confirmó recientemente su cierre definitivo, dejando a un centenar de trabajadores sin empleo. Sin embargo, las indemnizaciones correspondientes a los despedidos siguen sin resolverse, lo que genera una creciente incertidumbre entre los empleados afectados.
El conflicto radica en que la empresa decidió desvincular a los trabajadores amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica una reducción en el porcentaje de indemnización. Esta situación ha sido rechazada por el gremio, que junto con la Secretaría de Trabajo de la provincia, solicita que los despidos se ajusten al artículo 35, que contempla mejores condiciones para los empleados que pierden su trabajo de forma involuntaria.
A pesar de que la empresa ha propuesto pagar solo el 50% de la indemnización a algunos de los trabajadores, los sindicatos han expresado su rechazo a esta oferta, exigiendo que se respeten sus derechos laborales. Además, la subsecretaria de Pesca de la provincia, Jessica Ressler, comentó en declaraciones a un medio local que se está gestionando una segunda ayuda económica para los ex trabajadores, en colaboración con la Municipalidad de San Antonio y el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.
En cuanto a la justificación del cierre, la empresa ha señalado problemas financieros como la causa principal, pero la Secretaría de Trabajo solicitó que presente la documentación necesaria para corroborar la imposibilidad de seguir operando la pesquera. Este pedido busca esclarecer la situación y garantizar que los trabajadores reciban las indemnizaciones correspondientes en condiciones justas. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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