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Exgobernadora de Río Negro bajo la lupa por presuntas irregularidades en la firma de un convenio con Mekorot
Las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito presentaron una denuncia penal contra la exgobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por la firma de un convenio con la empresa estatal israelí Mekorot. Según la denuncia, el acuerdo habría comprometido la soberanía provincial sobre los recursos hídricos al otorgar acceso irrestricto a información estratégica sin supervisión del Estado rionegrino.
El convenio, suscrito durante la gestión de Carreras, habilita a Mekorot a desarrollar un "Plan Maestro del Agua" en la provincia, lo que implica el relevamiento y análisis de fuentes, reservas y calidad del recurso. No obstante, la denuncia sostiene que la provincia quedó excluida del control del proceso, sin participación del Departamento Provincial de Aguas (DPA) ni del poder legislativo.
Odarda denunció que la firma del convenio se realizó sin consulta pública ni ratificación parlamentaria, lo que constituiría una violación a la Constitución Provincial. “Se entregó a una empresa extranjera la posibilidad de gestionar información clave sobre nuestros recursos hídricos sin garantizar el acceso del Estado a estos datos”, cuestionó la legisladora. Además, alertó que el acuerdo establece una cláusula de confidencialidad que restringe el conocimiento sobre el destino de la información recopilada, fijando como jurisdicción legal tribunales ingleses bajo normativas británicas.
Otro de los puntos clave de la denuncia es que el acuerdo no fue remitido a la Legislatura para su ratificación, tal como lo establece el artículo 181 inciso 13 de la Constitución Provincial. Según las denunciantes, esto invalidaría el convenio y configuraría una violación de los deberes de funcionaria pública.
Odarda también indicó que el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que aparece como parte del convenio, es un organismo interestadual de las provincias y no un ente del gobierno nacional. Asimismo, subrayó que el acuerdo fue firmado en febrero de 2023, cuando Carreras ya había dejado su cargo en el Ejecutivo Nacional.
La denuncia solicita investigar a la exgobernadora por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, conforme al artículo 248 del Código Penal. “No vamos a permitir que se negocie nuestra agua en silencio. El pueblo tiene derecho a saber qué se acordó y a defender lo que le pertenece”, concluyó Odarda. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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