"El fin de la ley de Alquileres hunde a los inquilinos en una espiral de especulación y precariedad"

"Empezamos con la eliminación de una norma que, a pesar de sus fallas, al menos establecía un marco de referencia para evitar abusos. La derogación de ley de Alquileres ha permitido que se pacten alquileres con condiciones desmedidas: contratos por dos años en lugar de tres, actualizaciones cuatrimestrales o incluso trimestrales basadas en el índice de precios al consumidor, lo que, en muchos casos, se traduce en aumentos insostenibles para los inquilinos", explicó Magalí Zirulnikoff.

La entrevistada resaltó que, mientras en otras provincias aún se utiliza el indicador que tenía la ley para periodos más cortos, en CABA se observa una tendencia a fijar contratos con revisiones de precios que resultan en un "ahorque" económico para las familias. "Los propietarios y los inquilinos están debatiendo sobre cómo readecuar los contratos, y en muchos casos se termina rescindiendo porque, cuando llega el aumento, la gente no puede afrontarlo", agregó.

Zirulnikoff recordó también el rol que jugó el programa de alquiler social, que había obligado al poder ejecutivo a registrar y medir la cantidad de viviendas alquiladas. "Esa obligación se eliminó con la derogación, y ahora ni siquiera sabemos cuántos inquilinos hay o cuántas propiedades están destinadas al alquiler. La transparencia se fue por la ventana", señaló.

La cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria denunció además la creciente especulación en el mercado. "En barrios de alta demanda como Palermo, Recoleta o Núñez, se están imponiendo precios abusivos. Los grandes grupos empresariales fijan un valor inicial para el alquiler, y luego todo el mercado se ajusta en función de ese número", comentó.

Además, la entrevistada hizo una comparación con otras ciudades del mundo que han implementado medidas de control, como en Nueva York o San Francisco, donde existen regulaciones estrictas para limitar los aumentos y proteger a los inquilinos. "Mientras en esos lugares se busca garantizar el derecho a una vivienda digna, en Argentina se nos empuja a aceptar condiciones desproporcionadas. No se trata de subsidiar, sino de que el estado se haga cargo para que la vivienda no se convierta en un privilegio de pocos", afirmó.

"El problema se agrava porque los salarios no suben al mismo ritmo de estos aumentos. Esto impacta directamente en la economía del hogar y, a la larga, empuja a más personas a la situación de calle. Cada cuatro meses se incrementa el costo del alquiler, y los adultos mayores, con jubilaciones mínimas, se ven completamente desprotegidos", concluyó Zirulnikoff.

Finalmente, enfatizó la necesidad de una intervención estatal que garantice el acceso a la vivienda. "La vivienda es un derecho constitucional y un derecho humano. La tendencia actual, impulsada por políticas que privilegian la especulación y los beneficios de unos pocos, es una amenaza para la dignidad y la seguridad de las familias", cerró. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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