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La justicia imputó a un vecino por amenazas, aunque descartó el agravante de coacción. El caso reabre el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos.
La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, fue víctima de amenazas en dos episodios distintos por parte de un vecino que se mostró ofuscado por una notificación municipal vinculada al cuidado de su perro. Lo alarmante del caso es que uno de los hechos ocurrió en la puerta de su casa y otro en plena vía pública, mientras estaba con sus hijos.
Según la denuncia, el primer incidente ocurrió el 17 de marzo, cuando el hombre llegó hasta la vivienda de Soria y exigió hablar con ella en un tono intimidante. Un día después, el mismo individuo la interceptó en una plaza y, frente a sus hijos, insistió con su reclamo con frases amenazantes.
Ante estos hechos, la intendenta radicó una denuncia penal y la justicia provincial actuó rápidamente. El fiscal Gastón Britos Rubiolo pidió imputarlo por amenazas coactivas, pero el juez Julio Martínez Vivot decidió formular cargos solo por amenazas simples, sin considerar la gravedad del contexto.
Como medida cautelar, se estableció una prohibición de acercamiento de 100 metros entre el imputado y la jefa comunal, su familia y su domicilio, por cuatro meses. Sin embargo, en caso de que el acusado deba acudir al municipio por trámites, podrá hacerlo notificando previamente, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos encuentros con la intendenta.
Desde la defensa del acusado, se argumentó que no hubo intención de intimidar y que su único objetivo era dialogar con Soria. No obstante, la repetición de los hechos y la mención a sus hijos generan interrogantes sobre si la justicia está minimizando un caso que podría haber escalado en gravedad.
El episodio reabre el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos y la rapidez con la que la justicia responde ante amenazas de este tipo. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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