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La fiscalía apunta a una escalada de violencia sin control, mientras la defensa plantea dudas sobre la ausencia de un operativo de seguridad.
Ocho imputados enfrentan el juicio por los destrozos en edificios públicos durante las protestas contra la minería en Chubut. La fiscalía apunta a una escalada de violencia sin control, mientras la defensa plantea dudas sobre la ausencia de un operativo de seguridad.
Este miércoles inició el juicio oral y público contra ocho personas acusadas de protagonizar los disturbios ocurridos el 16 de diciembre de 2021 en Rawson, en el marco de las protestas contra la Ley de Desarrollo Productivo Sustentable de la Meseta, conocida como "Ley de Zonificación Minera". Los hechos incluyeron incendios y destrozos en al menos diez edificios gubernamentales, entre ellos la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.
El proceso judicial, a cargo de la jueza Eve Ponce, se desarrolla en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson y contará con el testimonio de más de 50 testigos. Entre los acusados se encuentran Lautaro Martínez, Mauricio Vargas, Damián Díaz y un menor de edad al momento de los hechos.
Para la fiscal Florencia Gómez, los imputados formaban parte de "grupos minúsculos infiltrados entre manifestantes legítimos" que aprovecharon la falta de resistencia policial para generar desmanes. Gómez subrayó que los ataques fueron improvisados, sin planificación previa, pero con una clara intención de vandalizar edificios públicos y privados.
"Los manifestantes tomaron la vía pública a su antojo, sin encontrar oposición, lo que permitió que la violencia se intensificara", sostuvo la fiscal, quien destacó que los atacantes utilizaron materiales de oficina para avivar incendios y saquearon bienes del Estado.
Sin embargo, la falta de un operativo de seguridad adecuado también ha sido un punto clave en el debate. La defensa de los acusados ha cuestionado la ausencia de un despliegue policial acorde a la magnitud de las protestas, lo que habría dejado a la ciudad en una situación de vulnerabilidad.
El juicio no solo determinará responsabilidades individuales, sino que también reavivará el debate sobre el rol del Estado en la gestión de conflictos sociales. La Ley de Zonificación Minera, que fue derogada días después de los disturbios tras una fuerte presión popular, sigue siendo un símbolo de la lucha ambiental en Chubut.
A medida que avancen las audiencias, la sociedad chubutense estará atenta a un veredicto que podría sentar un precedente en la relación entre protesta social y respuesta estatal. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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