Caso Jorge D’Onofrio: Imputan a exfuncionarios de Transporte y al presidente de CECAITRA

Los recientes allanamientos dispuestos la semana pasada a la falsa Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), han motivado que el fiscal de la UFIJ 11 de La Plata a cargo de Álvaro Garganta, impute formalmente a los involucrados en la causa IPP-00-056058-23/00 caratulada “Quattrochi, Mario y otros s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública”. Los delitos que se le imputan son: fraude en perjuicio de la administración pública; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; cohecho; y exacciones ilegales.

En el despacho de fiscal dictado el día miércoles, se ha encomendado a la dirección de Delitos Económicos - Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo Central de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la notificación de los involucrados acerca de su situación procesal. Se ha tenido en especial consideración para el avance de la investigación y la imputación, la connivencia del exministro Jorge D’Onofrio y su banda, por la cual permitía que una falsa cámara de empresas, que funciona bajo la denominación CECAITRA, constatara infracciones de tránsito a través de equipos de fotomultas sin cumplimentar el procedimiento legal reglamentario que se exige indefectiblemente para que las infracciones sean válidas. De esta manera, permitía labrar infracciones de tránsito, que luego eran resueltas con gestores y jueces de faltas provinciales, a cambio de montos en negro que iban del 25 al 50 por ciento y repartidos entre los corruptos mencionados: la banda de transporte y las autoridades de CECAITRA.

Este nuevo hecho, se suma a la investigación del fiscal Álvaro Garganta, iniciada en octubre del 2023, por el cual funcionarios públicos pertenecientes a la administración pública provincial, bajo la cabeza del exministro Jorge D’Onofrio, valiéndose de las potestades propias de su función, actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo, quienes captaban como "gestores" a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50 por ciento del monto adeudado, apropiándose de un monto remanente; todo ello sin respetar el debido proceso legal y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y provinciales. Esto fue posible fundamentalmente gracias al acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT).

Posteriormente, otro de los hechos probados por el fiscal, habría consistido en las irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), las que habrían sido otorgadas a siete empresas que previamente habrían contratado los servicios de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, en la que tendrían participación societaria -interpósita persona- los funcionarios del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires investigados. Este arreglo fue implementado con una excesiva comisión del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado.

Vale recordar que la veracidad de la denuncia motivó la salida del entonces Jorge D’Onofrio y todo su gabinete. A raíz de ello, y de acuerdo a toda la prueba recopilada en el transcurso de la investigación, el fiscal dictó la imputación formal sobre varios funcionarios y directivos del ámbito.

Entre los imputados vale destacar al exministro Jorge D’Onofrio, en carácter de partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (hecho 1), y autor del delito de cohecho pasivo (hecho 2). Misma suerte corrió el exjuez de Faltas provincial de La Plata, Mario Quattrochi, en carácter de autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (hecho 1).

La lista de exfuncionarios imputados incluyó al extitular de la dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del ministerio de Transporte, Pablo Javier Sanguinetti, en carácter de partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (hecho 1); el extitular de la dirección de Informática de la DPPSV, Tomás Uthurriague, en carácter de partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (hecho 1); y el presidente de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, Sebastián Desio, en carácter de partícipe necesario del delito de cohecho pasivo (hecho 2), entre otros.

También resultó imputado Bernardino Antonio García, presidente de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), en carácter de partícipe necesario del delito de exacciones ilegales agravada (hecho 3).

Los delitos que se imputan a los funcionarios mencionados serán merituados en concurso real, es decir que consisten en varios hechos que constituyen varios delitos, cuyas escalas penales son:

1) Asociación ilícita: tres a diez años de prisión, artículo 210 del Código Penal;

2) Fraude en perjuicio de la administración pública: dos a seis años, artículo 174 inciso 5 del Código Penal;

3) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados: dos a seis años, artículo 268 del Código Penal; y

4) Exacciones ilegales agravadas: dos a seis años, artículo 268 del Código Penal.

Según pudo saber este medio, atento a las penas previstas y teniendo en cuenta el concurso real para las mismas, no serían excarcelables, lo que complica la situación procesal de los imputados.

CECAITRA, un controlador sin control

Tal y como lo viene retratando este medio, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA), encargada de fiscalizar el cumplimiento de normas viales, está siendo investigada por la Justicia por presunto fraude en la facturación de multas. Días atrás, REALPOLITIK descubrió que, en un giro irónico, la propia flota de vehículos de la entidad acumula infracciones por casi 25 millones de pesos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, con faltas que van desde exceso de velocidad hasta evasión de peajes y uso indebido de carriles.

Allanamientos recientes en el marco de la causa que involucra al exministro de Transporte bonaerense incluyeron la sede de CECAITRA y el domicilio de su presidente, Bernardino Antonio García. Se sospecha que la cámara habría emitido multas ilegales desde al menos enero de 2022, lo que pone en duda la validez de muchas sanciones aplicadas a conductores.

Empresas competidoras denunciaron irregularidades en la validación de multas por parte de CECAITRA, lo que profundiza el escándalo. La contradicción resulta alarmante: una entidad dedicada a sancionar infracciones viales parece haber operado en la ilegalidad, mientras sus propios vehículos circulan impunemente con miles de actas sin pagar. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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