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La iniciativa promete soberanía energética, impulso a las energías limpias y un nuevo paradigma basado en la eficiencia.
El gobernador Ignacio Torres envió a la Legislatura provincial un ambicioso proyecto para transformar el sistema energético de Chubut. La iniciativa promete soberanía energética, impulso a las energías limpias y un nuevo paradigma basado en la eficiencia. Sin embargo, detrás del discurso progresista, se oculta una realidad menos prometedora: más del 85% del territorio sigue sin estar conectado al sistema nacional y depende de redes precarias y costosas.
El proyecto busca crear la Empresa Provincial de Energía de Chubut (EPECH S.A.) y el Mercado Eléctrico Mayorista Regional (MEMC), dos estructuras que apuntan a concentrar el desarrollo del sector energético, combinando gestión pública y privada. Según el Ejecutivo, se trata de una reforma integral que transformará la matriz energética hacia una más moderna, justa y sustentable.
Desde el gobierno aseguran que Chubut tiene capacidad para liderar la transición energética nacional. Hoy la provincia genera suficiente electricidad —más de 7 millones de MWh— para abastecer a 2,4 millones de personas, gracias a fuentes hidráulicas, térmicas y eólicas. A eso se le suma el potencial de energías emergentes como la solar, mareomotriz, geotérmica y el prometido hidrógeno verde.
Sin embargo, el propio texto del proyecto admite que más de 25 comunidades siguen aisladas del sistema interconectado nacional. Y aunque el plan incluye una planificación electroenergética y promesas de sustentabilidad, aún no está claro cómo se ejecutarán las inversiones necesarias para alcanzar una cobertura real e inclusiva.
Además, la creación de una nueva empresa estatal no pasa desapercibida en un contexto de ajuste y debate sobre el rol del Estado. ¿Será realmente una herramienta de transformación o una nueva caja de poder en manos del Ejecutivo? ¿Cómo se garantizará el control ciudadano y la transparencia en su gestión?
Desde distintos sectores técnicos y sociales se advierte que el desafío no es solo cambiar la matriz energética, sino garantizar acceso equitativo, tarifas razonables y sostenibilidad ambiental sin repetir viejas lógicas extractivistas. Chubut aún arrastra conflictos ambientales por la megaminería, lo que genera desconfianza en ciertos sectores sobre el verdadero rumbo del modelo de desarrollo que propone el oficialismo.
Mientras tanto, la Legislatura tendrá en sus manos una decisión clave: acompañar una transformación profunda o permitir que el proyecto se diluya entre discursos de modernidad y realidades desconectadas. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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