Procesamientos en el PAMI: Denuncian represalia contra quienes apuntaron al operador de Karina Milei

La política entró por la puerta trasera de los tribunales federales de La Plata. Así lo creen quienes denuncian que la reciente decisión del juez Ernesto Kreplak de procesar a dos exfuncionarios del PAMI local responde menos a un interés genuino por esclarecer hechos de corrupción que a un objetivo más inmediato y político: disciplinar y castigar a quienes se animaron a exponer al verdadero poder dentro de la estructura de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La medida judicial, que recayó sobre Viviana Aguirre, diputada nacional suplente por el partido de Javier Milei y excoordinadora de la UGL VII, y Raúl Simonetto, directivo del mismo organismo, los acusa de haber simulado una “comisión de servicio horario total” para cobrar sueldos sin trabajar. Pero los acusados sostienen que la causa fue impulsada como respuesta directa a una denuncia anterior, mucho más grave, que involucraba a pesos pesados del oficialismo libertario. Y sostienen, además, que la acción fue impulsada por "una denunciante fantasma".

La denuncia que incomodó a LLA

A mediados de 2024, Aguirre y su entorno político presentaron un testimonio demoledor sobre lo que, según ellos, era el funcionamiento real del PAMI La Plata desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. En el centro de esa trama aparecía el nombre de Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación, hombre de extrema confianza de Karina Milei y principal armador del espacio en la provincia. La denuncia sostenía que Pareja había diseñado un sistema paralelo de recaudación dentro del PAMI, utilizando como operador territorial al coordinador Juan Esteban Osaba.

“Me pidieron un millón de pesos en efectivo para asumir. Además, querían que firmara expedientes sin investigar nada. Me negué y propuse a mi colaborador directo”, relató Aguirre a este medio. Ese colaborador -el entonces director ejecutivo de la UGL VII- fue quien terminó dando a conocer el resto de los hechos.

Según esa denuncia, a la que tuvo acceso REALPOLITIK, los referentes locales de La Libertad Avanza, entre ellos Emiliano Rossi, Martín Llorens y el propio Osaba, se reunían en la sede partidaria de calle 14 entre 32 y 33, donde además de negociar los cargos, presuntamente discutían la conveniencia de aceptar coimas de prestadores médicos.

“Las frases eran claras: ‘Hay que aceptar los sobres, especialmente de los médicos’, ‘No hay que ser pelotudos, este es el momento de recaudar para la causa’”, asegura un fragmento del testimonio que llegó incluso a ser elevado a la conducción nacional del PAMI, que actualmente recae en Esteban Leguízamo. Pero allí tampoco encontraron respaldo.

Telegram, coimas y documentos sustraídos

Los denunciantes aportaron información sobre el uso de Telegram con mensajes autodestructivos por parte de Osaba, para ordenar movimientos internos sin dejar rastros. En paralelo, se describieron presiones sistemáticas para que se entregaran sumas mensuales de entre 500 mil y un millón de pesos, bajo la excusa de ser “fondos para la causa libertaria”.

Uno de los episodios más graves habría sido el ingreso, en horario laboral, de personas no registradas oficialmente, que se presentaron como enviados de PAMI Central, retiraron documentación sensible de todas las áreas sin orden formal, y se retiraron sin dejar constancia. El personal permanente de la sede -ubicada en calle 7 N°170- amenazó con realizar una denuncia penal por el hecho.

Silencio de PAMI Central y represión interna

Las irregularidades, según consta en el testimonio, también incluían casos de sobrefacturación por parte de prestadores de la región. Pero cuando Aguirre y el resto de los denunciantes elevaron las pruebas al nivel central del PAMI, no obtuvieron respuestas. Más aún: se les pidió que los jubilados hicieran las denuncias penales por su cuenta, algo inviable en un contexto de fragilidad social como el de la mayoría de los afiliados.

Sebastián Pareja junto a Juanes Osaba y Matías De Urraza.

En lugar de una investigación profunda, llegó la respuesta judicial. Pero no contra quienes fueron acusados de manipular la estructura para fines partidarios, sino contra quienes dieron la voz de alarma: “Esto fue un vuelto. Nos castigaron por denunciar a Pareja. Lo que quieren es tapar una red de recaudación ilegal que sigue activa”, aseguró Aguirre a este medio.

Según Aguirre, Osaba -quien mantendría una relación con la delegada gremial de UPCN en PAMI, Paz Fonrouge-, ya la había amenazado sobre esto en el pasado: “Me dijo: ‘Gracias que no te comiste una denuncia dentro del PAMI’. Yo hice la denuncia. ‘Ojo con meterme en problemas a mi o a Sebastián pareja’, me advirtió”, explicó la exfuncionaria.

La causa judicial: un giro extraño

El fallo del juez Kreplak -firmado en las últimas horas- señala que Aguirre habría percibido 201.390,52 pesos de manera ilegítima, al simular una comisión de servicio que no habría cumplido. Simonetto, quien autorizó el uso del código administrativo que habilitaba esa comisión, fue procesado como partícipe necesario.

Ambos fueron embargados por sumas millonarias: 2 millones en el caso de Aguirre, 1,5 millones en el de Simonetto. La causa fue iniciada de oficio, sin querellante particular, lo que refuerza la idea de un interés más político que jurídico. Los acusados cuentan con defensa particular y ya preparan su estrategia para apelar la medida.

Lo llamativo: la denuncia previa contra Pareja, Osaba y otros dirigentes libertarios, con terminal en Karina Milei, nunca fue investigada judicialmente, a pesar de que involucraba cifras superiores y hechos de mayor gravedad institucional. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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